El Comité de Bioética italiano abre por primera vez la puerta a la legalización del suicidio asistido
En Italia, donde hay un fuerte y eterno debate sobre el tema, el Tribunal Constitucional dio un plazo al Parlamento para aprobar una ley, pero los políticas han sido incapaces de llegar a un acuerdo
Por primera vez en Italia, el Comité nacional para la bioética, máximo organismo consultivo del gobierno sobre moral y ética, abre la puerta a la legalización del suicidio médicamente asistido y considera que es diverso de la eutanasia. Se vuelve abrir así en este país una eterna y muy fuerte polémica, que al menos desde hace una docena de años divide a la opinión pública y a la política, hasta el punto de que el Parlamento se ha visto incapaz de legislar sobre el tema, siendo especialmente manifiesta la oposición de muchos católicos.
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Teniendo en cuenta la división y polémica que el suicidio médicamente asistido ha creado en el país, la decisión del Comité de Bioética se considera un paso muy importante y de cierto coraje. La decisión, después de un año de estudio, se ha adoptado con una fórmula muy cauta y con cierta división entre sus miembros -13 votos a favor y 11 contrarios-, reconociendo que «la cuestión del suicidio asistido presenta una serie de problemas y de interrogantes a los que no es sencillo dar una respuesta unívoca».
«Posiciones divergentes»
El Comité de Bioética admite que en su seno han surgido «divergentes posiciones», pero confirma la necesidad de aclarar que el «suicidio asistido no es eutanasia» . Se distingue de la eutanasia en que el interesado en cumplir el último acto para causar la propia muerte, debe contar con la colaboración de otra persona –en la mayoría de los casos con un médico o enfermera- que prescribe o le proporciona el fármaco respetando las rígidas condiciones de la legislación. La clave está en que debe existir la voluntad de la persona para suicidarse, sin que se ejerciten presiones sobre su autonomía. En Europa, el suicidio asistido está legalizado en Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Suiza.
El presidente del Comité de Bioética, el jurista Lorenzo D’ Avack , ha explicado que han surgido tres diferentes corrientes de opinión entre sus miembros: «Una netamente contraria, que reafirma la inviolabilidad de la vida. Una posición intermedia, que da la alerta sobre los riesgos de legislar sobre este tema y pide incrementar las curas paliativas. Y una tercera, con el mayor número de firmas, favorable a la legalización del suicidio asistido» .
En concreto, 13 de los miembros del Comité son favorables a la legalización del suicidio médicamente asistido, partiendo del presupuesto que el valor de la tutela de la vida esté equilibrado con otros bienes o valores constitucionalmente relevantes, como la autodeterminación del paciente y la dignidad de la persona. Frente a esta opinión, otros 11 miembros del Comité de Bioética están convencidos que no es legítimo decidir cuándo terminar la propia vida e interrumpir los sufrimientos. «La defensa de la vida debe ser afirmada como principio esencial en bioética» , afirman. Esta es también la posición de la Iglesia católica, que se opone al suicidio asistido: «La vida es un Dios de Dios que hay que custodiar en su paso terrenal. La posición de la Iglesia es clara: se trata de un no claro y decidido a la eutanasia y todo lo que se le parezca», ha manifestado el obispo Antonino Raspanti, vicepresidente de la Conferencia episcopal italiana.
Expectación ante la sentecia del Constitucional
Las reflexiones del Comité de Bioética se producen a petición del Tribunal Constitucional, tras un célebre caso que dividió a la sociedad italiana. En febrero 2017, el conocido Dj Fabiano Antoniani, milanés de 39 años, tetrapléjico y ciego después de un accidente de tráfico que sufrió en el 2014, murió en una clínica de Zurich (Suiza) con suicidio asistido, pagando 10.000 euros. Se suicidó con un fármaco letal proporcionado por los médicos. Le acompañó por Marco Cappato , exdiputado radical y exeuroparlamentario, promotor de la campaña sobre la eutanasia legal. Contra él se abrió un proceso porque, según el artículo 580 del Código penal italiano, el radical Cappato cometió el delito de instigación o ayuda al suicidio. En la normativa italiana suicidio y eutanasia se consideran delitos contra la vida.
Pero el Tribunal de Milán suspendió el proceso y pidió el parecer del Tribunal Constitucional, que invitó al Parlamento a legislar antes del próximo 24 de septiembre, una petición que cayó en el vacío, lo que da idea de la división y dificultad de la política italiana para aprobar una ley sobre el suicidio asistido.
En la Cámara de diputados hay cinco propuestas, pero no hay mayoría para aprobar una ley. Ante la inacción de los políticos, el Tribunal Constitucional se reunirá, dentro de dos meses, exactamente el 24 de septiembre. Se espera con gran expectación su sentencia. Según la abogada Filomena Gallo , secretaria de la Asociación Coscioni, que promueve la eutanasia, la Corte Constitucional, «ante la ausencia de una ley del Parlamento sobre suicidio asistido, podría decidir intervenir sobre temas que afectan a la vida de las personas».
