Los colegios de Baleares tendrán que comunicar a la Fiscalía las incidencias con menores

El Ejecutivo autonómico facilitará a los centros escolares una relación de supuestos que implican una vulneración de los derechos de los alumnos

PALMA DE MALLORCA Actualizado: Guardar
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El consejero de Educación del Gobierno balear, el socialista Martí March, y el fiscal delegado de Menores del Archipiélago, José Díaz, han firmado este viernes un acuerdo de coordinación institucional, que tiene como objetivo garantizar la protección de los derechos de los alumnos en los centros educativos.

Dicho acuerdo establece que los colegios de las Islas tendrán que comunicar a la Fiscalía de Menores cualquier posible incidencia ocurrida en su seno que haya podido vulnerar los derechos de los alumnos, sea cual sea su edad. Con el propósito de hacer efectiva esa obligación legal, la Consejería de Educación hará llegar a todos los centros educativos una relación de supuestos que se considera que afectan a los derechos de los menores escolarizados, para que los colegios sepan así cuándo tienen que ponerse en contacto con la Fiscalía.

Según se ha recalcado este viernes desde la Consejería de Educación, las funciones encomendadas al Ministerio Público en los casos en que hay menores afectados van más allá de los aspectos puramente penales. Dichas funciones alcanzan a menudo supuestos relacionados con aspectos puramente civiles y administrativos.

En ese contexto, cabe recordar que en el caso de la agresión sufrida el pasado 5 de octubre por una niña de ocho años en el patio del colegio público Anselm Turmeda de Palma, fue la familia de la menor la que tomó la iniciativa presentando una denuncia ante la Policía Nacional. Las conclusiones de la investigación realizada por los agentes fueron entregadas a la Fiscalía de Menores. Según el Ministerio Público, no habría habido episodios previos de acoso antes de la paliza recibida por la niña, que se produjo por la disputa de un balón, instantes después de que hubiera acabado el recreo matutino.

En ese mismo sentido de descartar «completamente» una posible situación anterior de «bullying» se pronunció el informe elaborado por la Consejería de Educación, que además concluyó que no hubo «intencionalidad previa» en la agresión y que en el momento del ataque había dos profesoras de vigilancia en el patio. Dicho informe también dejó entrever que las lesiones sufridas por la niña habrían sido leves. En cuanto a los siete menores implicados en la agresión, de entre 8 y 12 años, sólo fueron suspendidos del derecho de asistencia al colegio durante un periodo de entre tres y cinco días.

Episodios previos de acoso

La versión de la familia sobre lo sucedido siempre fue, en cambio, completamente distinta. Según los familiares, habría habido episodios previos de acoso, la menor habría sido agredida por una docena de alumnos en un patio sin vigilancia y habría sufrido heridas graves. Fue la propia madre de la niña la que llevó personalmente a su hija al Hospital de Son Espases, en donde quedó ingresada un día.

Con posterioridad, la víctima y su hermana de 12 años fueron trasladadas a otro centro escolar, tras haberlo solicitado así su familia. Por su parte, el abogado que pasó a ocuparse del caso, Marcos García-Montes, anunció el pasado 22 de octubre la presentación de tres denuncias, ante la Fiscalía de Menores, contra el colegio Anselm Turmeda y contra la Consejería de Educación.

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