California quiere exigir a los centros pro-vida que informen del aborto
El Instituto Nacional de la Familia denuncia en el Supremo que el poder demócrata californiano viola la Primera Enmienda
El Tribunal Supremo de EE.UU . ha admitido la denuncia del movimiento pro-vida contra una ley de California que obligaría a los centros de acogida a mujeres embarazadas a informar también de los servicios de aborto gratuito que ofrece el Estado. La ley exige a los llamados «centros de crisis del embarazo» que informen del personal médico que colabora en sus centros -destinados a dar consejo a las futuras madres para que no aborten-, y que siempre faciliten a las mujeres información sobre los medios anticonceptivos y la política de aborto gratuito.
Los pro-vida perdieron su primera batalla en un tribunal federal de apelaciones, pero han logrado que el Supremo juzgue el caso, en el marco de la Primera Enmienda de la Constitución, que establece la libertad de expresión y de prensa. La defensa del Parlamento de California invocará, por su parte, los presuntos derechos del Estado a «regular el discurso profesional» y velar por la «salud de las mujeres».
El Instituto Nacional de la Familia y los Abogados por la Vida consideran que la ley aprobada por la mayoría demócrata en la Asamblea de California es abiertamente inconstitucional, y refleja «los prejuicios ideológicos de la dirigencia política del Estado».
