Alerta en un estado alemán por un posible accidente nuclear

«Los expertos independientes de la comisión de seguridad nuclear (RSK) no me pueden confirmar que sea posible cumplir los márgenes de seguridad de Tihange 2 y Doel 3», así justificaba la ministra de Medioambiente alemana Barbara Hendricks en abril la demanda de Berlín a Bruselas de cerrar ambas centrares nucleares fronterizas con Holanda y el «land» de Renania del Norte-Westfalia (NRW). Ante la negativa de cerrar las centrales más antiguas de Bélgica, las autoridades de NRW han decidido pertrecharse de pastillas de yodo ante la posibilidad de un accidente nuclear.

Las tabletas de yodo que se utilizan para disminuir los efectos de la radiación en el cuerpo humano, ya se han distribuido en Bélgica en prácticamente todo el país.

Después del accidente de Fukushima se volvió a recordar la necesidad de disponer de pastillas de yodo en las zonas próximas a las nucleares, por lo que el Gobierno regional ha decidido comprar 21 millones de unidades en otoño que se suman a las ya adquiridas y que serán repartidas por las oficinas de protección civil, tal y como lo ha confirmado una portavoz de este «land» a la agencia DPA.

El reactor Doel se encuentra cerca de Amberes y Tihange a 70 kilómetros de la ciudad renana de Aquisgrán con 240.000 habitantes. Originalmente, ambos reactores debían funcionar hasta el año 2015, pero las autoridades belgas han prolongado su periodo de explotación hasta 2025 para, entre otras razones económicas, conservar puestos de trabajo. El equipo de expertos que ha asesorado a Hendricks indica que la decisión puede provocar un desastre nuclear causado por el desgaste del metal, lo que puede resultar en una fuga radiactiva. Bruselas ha justificado su decisión también en posibles ataques a las nucleares.

Según el Gobierno de NRW, las pastillas de yodo están destinadas a mujeres embarazadas, madres lactantes, niños de hasta 14 años y a personas mayores de 45 años que residan dentro de un radio de 100 kilómetros al rededor de las centrales. Luego, en caso de una emergencia se introduciría este procedimiento en todo el territorio alemán, para toda la población. El coste de los medicamentos alcanzaría unos 800 mil euros, según el diario Frankfurter Allgemeine.