Un abogado presenta una queja ante el CGPJ por el retraso en traducirle una sentencia del catalán al castellano
El órgano de gobierno de los jueces ha abierto diligencias informativas en relación a este caso, cuyo juicio se celebró en Palma
Un abogado ha presentado una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el retraso en el envío de una traducción al castellano de una sentencia escrita originariamente en catalán. Según ha adelantado este viernes el diario «Ara» y ha podido confirmar ABC, el CGPJ ha abierto diligencias informativas en relación a la queja formulada por dicho letrado . En su escrito, este abogado pide que se sancione a la juez que redactó la sentencia por no haberla escrito en castellano.
El fallo original fue redactado en catalán por la titular del Juzgado número 24 de Primera Instancia de Palma. Según recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial en el punto primero del artículo 231, «en todas las actuaciones judiciales, los jueces, magistrados, fiscales, secretarios y demás funcionarios de Juzgados y Tribunales usarán el castellano, lengua oficial del Estado». Sin embargo, en el punto segundo se indica que «los jueces, magistrados, fiscales, secretarios y demás funcionarios de Juzgados y Tribunales podrán usar también la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, si ninguna de las partes se opusiere, alegando desconocimiento de ella que pudiere producir indefensión ». En Baleares, las dos lenguas oficiales son el castellano y el catalán, según recoge su Estatuto de Autonomía.
La mencionada sentencia estaba relacionada con un asunto civil sobre unos honorarios impagados al abogado que ha presentado la queja ante el CGPJ, quien se representaba a sí mismo en esta causa. El letrado, de origen gallego, pidió que el juicio se celebrase en castellano. La vista oral se celebró efectivamente en dicho idioma, si bien la sentencia fue redactada, como se ha señalado, en catalán, al ser la lengua con la que se expresa normalmente la juez que dictó el fallo .
En el mencionado artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su punto tercero, se señala que «las partes, sus representantes y quienes les dirijan, así como los testigos y peritos, podrán utilizar la lengua que sea también oficial en la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales como escritas ». A continuación, en el punto cuarto, se indica que «las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una Comunidad Autónoma tendrán, sin necesidad de traducción al castellano, plena validez y eficacia. De oficio se procederá a su traducción cuando deban surtir efecto fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales sitos en la Comunidad Autónoma, salvo si se trata de Comunidades Autónomas con lengua oficial propia coincidente. También se procederá a su traducción cuando así lo dispongan las leyes o a instancia de parte que alegue indefensión».
Otro caso en Ibiza
Cabe recordar que en otra isla balear, en concreto en Ibiza, ha habido recientemente otra situación semejante por una cuestión lingüística. Así, la orden de derribo de parte de un complejo residencial ubicado en el municipio ibicenco de Sant Josep no se ha podido ejecutar aún, a pesar de haber sido dictada en 2016, porque la sentencia estaba redactada en catalán y la defensa de la persona condenada solicitó una traducción del citado texto en castellano, que todavía no ha llegado a su destinataria.
Dicha persona es la empresaria Francisca Sánchez Ordóñez, conocida coloquialmente como Paquita Marsans o también como «la casera de los famosos». Una vez que la citada transcripción le sea finalmente entregada a Marsans, podrá presentar las alegaciones que considere oportunas, lo que retrasará aún un poco más el proceso de demolición parcial del mencionado complejo, denominado Casa Lola.
El expediente municipal originario fue abierto en 2012, a raíz de la detección de unas presuntas obras ilegales en el interior de Casa Lola, un complejo turístico que cuenta hoy con un total de 21 habitaciones. La causa terminó finalmente en los tribunales, que acabaron dando la razón al consistorio de Sant Josep. Las mencionadas instalaciones han sido precintadas en diversas ocasiones a lo largo de estos últimos años, pero dichos precintos han sido retirados de manera reiterada por la propiedad.
La sentencia originaria fue dictada en catalán por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma el 11 de octubre de 2016. Ese mismo mes de octubre, la defensa de Marsans solicitó una transcripción al castellano. Las traducciones dependen de la Gerencia del Ministerio de Justicia. La posibilidad de que se puedan producir retrasos no resulta excepcional, debido a la posible acumulación puntual de sentencias pendientes de traducción, no escritas únicamente en lengua catalana.
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