El 73% de las pulseras contra el maltrato que se compraron en 2009 no se han usado

En julio de 2009 se presentaba una «medida estrella» contra la violencia de género: brazaletes telemáticos que controlaban la aproximación del agresor a la víctima en los casos en los que se hubiera impuesto una orden de alejamiento. «Es un cambio muy significativo de la justicia cautelar», aseguraba el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, durante la presentación.

Sin embargo, después de más de seis años, este recurso se ha utilizado manera escasa. Así, de los 3.000 dispositivos que se compraron, el momento en el que más pulseras han estado en funcionamiento fue en enero de 2012, con 798 brazaletes activos, es decir, solo un 26,6% del total.

La compra de aquel sistema de protección supuso un desembolso de cinco millones de euros para el Ejecutivo y el pasado enero la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad lanzó oferta pública para adquirir una nueva remesa por valor de 6,4 millones de euros.

Pero, ¿a qué se debe su bajo uso?

«La media de utilización de los últimos años suele estar en torno a 750. Nosotros cuando lo detectamos hicimos una investigación a ver qué pasaba. Lo más normal para utilizar estos dispositivos es que lo solicite el fiscal o la acusación particular cuando ha habido algún quebrantamiento de medida cautelar o de orden de protección», explica la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona. «Puede darse el caso de que por parte de las acusaciones no se solicite con suficiente vehemencia, pero estamos impartiendo formación en todo el territorio nacional para que todos los operadores jurídicos lo conozcan y puedan pedirlo».

El objetivo de estas pulseras es que maltratador y víctima se mantengan a una distancia superior a los 500 metros. El dispositivo está formado por tres elementos: un brazalete  que porta el maltratador en la muñeca o en el tobillo, un equipo GPS que no puede permanecer separado de la pulsera más de siete metros y un dispositivo que lleva la víctima y que es muy similar a un teléfono móvil. Este último permite establecer una comunicación de voz y datos con el Centro de Control, incluye un sistema de localización geográfica por GPS, un botón de pánico para activar en casos de emergencia y un servicio de radiofrecuencia que detecta la proximidad del agresor para advertir tanto a la víctima como al centro si éste se acerca.

«El dispositivo es muy bueno, efectivo», asegura tajante Teresa Peramato, fiscal adscrita a la Sala de Violencia Contra la Mujer . «Estamos intentando potenciarlo a través de la red de fiscales. Es cierto que hay cierto estancamiento en su implantación, algo que llevamos años estudiando desde la Comisión de seguimiento de dispositivos, pero hay que tener en cuenta que se deben dar una serie de circunstancias para que éste sea eficaz y por tanto, para recomendar su utilización».

Entre esos requisitos se encuentra el de la distancia entre agresor y víctima. «Se utiliza muy bien en las grandes ciudades, en las poblaciones pequeñas no se suele usar porque si el término municipal es muy pequeño saltan las alarmas», explica Carmona. «Ésta suele ser una de las circunstancias por las que fiscales y jueces no piden el dispositivo cuando la medida cautelar o pena es inferior a 500 metros», apunta Peramato.

Así, si tomamos los datos que ofrece la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, en términos absolutos, veremos que Madrid con 141, Valencia con 83 o Málaga con 47, son las provincias que contaban en diciembre de 2015 con más brazaletes en funcionamiento. Ahora bien, si nos centramos en la tasa de implantación de estos dispositivos por cada 100.000 habitantes, Segovia, Jaén o Almería son los puntos que cuentan con un ratio más alto. «Se puede dar la circunstancia de que agresor y víctima se encuentren en localidades distintas dentro de la misma provincia» , señala la fiscal. «Por ello, el dispositivo puede resultar muy útil».

Por otro lado, la orografía del terreno también puede resultar clave a la hora de tomar la decisión de imponerlo, ya que según las circunstancias de cada localidad puede darse el caso de que esta medida, por problemas en la transmisión de la señal, no sea la más adecuada.

En caso de que se demande la implantación del dispositivo, el juez es el que tiene la última palabra. Sin embargo, desde las asociaciones de mujeres se reconoce que entre las víctimas puede existir cierto escepticismo a la hora de realizar la petición del brazalete. «Aunque son un suplemento de seguridad, nunca han sido muy apreciados», señala Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres. «Los brazaletes como idea son estupenda, pero en realidad han tenido problemas en su implementación. Durante los primeros años había problemas tecnológicos, no geolocalizaban bien, producían muchas incidencias... Desde las organizaciones de mujeres siempre se ha desconfiado un tanto de los aparatos porque en muchas ocasiones las víctimas no quieren convivir con un mecanismo de estas características».

En este sentido, tanto desde la Fiscalía como desde el CGPJ coinciden en asegurar que las posibles carencias que las pulseras pudiesen registrar en un principio han sido solventadas. «Hay un dato muy claro», señala Carmona, «no hemos tenido que lamentar ningún delito de lesión grave ni de homicidio-asesinato en casos con el dispositivo electrónico impuesto, y por tanto creemos que está funcionando, es eficaz. Además, la sensación de protección de la víctima es mayor. No podremos saber nunca cuántos hechos delictivos graves se han evitado, pero puedo asegurar que han sido muchos».

«Se trata de una medida disuasoria muy importante para el maltratador», subraya Peramato, «cuando se instala, funciona».

¿Por qué se compran más?

Pese a su escasa utilización, desde la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad se publicó el pasado enero una oferta pública para la adquisición de nuevos brazaletes por valor de 6,4 millones de Euros. A esa cantidad habría que sumarle 2.500 Euros como «gastos de publicidad». El motivo de la oferta se debe, según Carmona, a la reciente reforma del Código Penal que cuenta con varias enmiendas destinadas a atajar la situación que llevó a que el año pasado 60 mujeres perdieran la vida por violencia de género.

Así, a partir de ahora, comportamientos como la manipulación de la pulsera de localización por parte del maltratador se considerará un hecho delictivo. Otra de las medidas que se ha introducido es la de la libertad vigilada. «Se puede vigilar a través de los dispositivos electrónicos», explica Carmona. «Habíamos observado que existen determinadas situaciones, en los que la víctima podía sentirse un poco desprotegida (...), con esta medida de libertad vigilada, va a contar con una mayor protección y esperamos que estos dispositivos empiecen a utilizarse de manera generalizada», sentencia.