Tala de bosques tropicales en Indonesia
Tala de bosques tropicales en Indonesia - afp/greenpeace
medio ambiente

La Comisión Europea reclama a España que impida la entrada de madera ilegal

Bruselas ha iniciado un proceso de infracción a nuestro país por no exigir a las empresas del sector la puesta en marcha de sistemas de control de sus proveedores

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«La tala ilegal es la antesala de la deforestación porque una vez que un bosque se vacía de la madera de valor, acaba siendo quemado para pasto o cultivos», asegura Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace España, «y el Gobierno no ha exigido a las empresas del sector que pongan en marcha sistemas de control interno sobre las garantías que ofrecen sus proveedores de que la madera suministrada no procede de talas ilegales, por eso la Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción a España por el incumplimiento de la Ley de Madera que está en vigor desde 2013 y es de obligado cumplimiento».

La normativa europea obliga a las empresas que comercializan con madera y otros productos forestales en la Unión Europea a establecer un sistema de diligencia debida, un protocolo de evaluación que descarte madera de aquellas empresas, regiones o países donde exista un riesgo considerable o elevado de adquirir madera ilegal por incumplimiento de las leyes forestales, corrupción, falta de transparencia, conflictos bélicos o violaciones de derechos humanos.

Pero Soto denuncia que «el Gobierno lleva toda la legislatura dando largas y mirando para otro lado mientras la madera ilegal llega al mercado español con total impunidad».

Acabar con la impunidad

Greenpeace asegura en su comunicado que investigó casos concretos y detectó la entrada de madera ilegal en España proveniente de Amazonía y la República Democrática del Congo sin que ninguna administración pública haya puesto en marcha mecanismos para evitarlo o perseguir a los infracciones. Soto añade que «más que el volumen de la madera importada denunciamos los dos años de incumplimiento reiterado del control de esta materia. Es necesario una acción como la que sí se llevó a cabo con la operación Sparrow contra la pesca ilegal para romper con la sensación de impunidad», concluye Soto.

Tras el envío de la carta de emplazamiento, el Gobierno español tiene dos meses para responder con las observaciones que considere oportunas. Si la respuesta no fuese satisfactoria, Bruselas enviaría un dictamen motivado indicando las razones por las que considera que se sigue incumpliendo la normativa y volvería a dar dos meses de plazo al Gobierno. El siguiente paso ya sería el recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo.

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