El cofundador de Apple, Steve Wozniak (a la izquierda), aplaude la decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones
El cofundador de Apple, Steve Wozniak (a la izquierda), aplaude la decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones - afp

EE.UU. blinda el acceso a internet como servicio público

La norma aprobada por la Comisión Federal de Telecomunicaciones evitará una red de dos velocidades según haya pago o no a los proveedores

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La decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en sus siglas en inglés) sobre la nueva regulación de la llamada « neutralidad de Internet» era esperada por partida doble: los defensores de la causa y las empresas tecnológicas implicadas llevaban casi un año en guardia ante el pronunciamiento del regulador. Y su veredicto, en una comisión con mayoría de miembros elegidos por el Gobierno demócrata, estaba previsto.

En una votación ganada por 3-2 (los dos comisionados republicanos votaron en contra), la FCC aprobó el conjunto de normas más ambicioso en la historia de EE.UU sobre «Internet Abierto», que la propia comisión define como la capacidad de los usuarios de «acceder a contenidos legales y aplicaciones de su elección, sin interferencias de los proveedores de redes de banda ancha».

La decisión de la FCC que acarreará más consecuencias será la de reclasificar el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones dentro del Título II de la Ley de Comunicaciones, al igual que otros servicios en el sector, como el de teléfonos. La reclasificación otorgará a la FCC más poder regulatorio a la hora de salvaguardar la neutralidad en Internet. La decisión proviene de una sentencia judicial del año pasado, en la que un juzgado de apelación dictó que la FCC no tenía la autoridad suficiente para garantizar un acceso sin restricciones ni bloqueos a Internet. El juzgado se pronunció por una demanda interpuesta por Verizon, uno de los grandes proveedores de Internet en EE.UU., y dio la razón a la compañía: tumbó la regulación sobre «Internet Abierto», que se remontaba a 2010, y recomendó a la FCC incluir el acceso a la banda ancha en el Título II, si quería establecer su autoridad regulatoria.

Desde entonces, se abrió una batalla pública entre los defensores de un Internet neutral y los detractores de una regulación que limita el campo de acción a los grandes proveedores de banda ancha. En el primer grupo se mezclaban activistas pro «Internet Abierto», asociaciones de consumidores y empresas de Silicon Valley, todos preocupados por la posibilidad de que los proveedores tuvieran manga ancha para bloquear, ralentizar o priorizar -a través del pago- el acceso a Internet. Junto a ellos ha estado el presidente de EE.UU., Barack Obama, que reafirmó su defensa del «Internet Abierto»’ poco después de su reelección, en noviembre de 2012.

Los proveedores, en contra

En el otro bando están amplios sectores de la oposición republicana y proveedores de Internet, como Verizon o Comcast, para quienes la ambición regulatoria dirigida por la Casa Blanca pondrá en peligro la capacidad de innovación que ha conseguido el despegue de la industria de Internet.

«La decisión que hemos tomado hoy es un reflejo irrefutable del principio de que nadie -ya sea un Gobierno o una empresa- puede controlar el acceso libre y abierto a Internet», proclamó el presidente de la FCC, Tom Wheeler, tras anunciar el resultado de la votación. La nueva regulación, explicó, «prohibirá el bloqueo, prohibirá la ralentización y prohibirá la priorización por pago» en el acceso a Internet y añadió que «por primera vez, las normas de ‘Internet Abierto’ serán también aplicables completamente a la tecnología móvil».

Broadband for America, un grupo en el que se incluyen los grandes proveedores de Internet, aseguró en un comunicado que la decisión de la FCC es «un paso de gigante hacia atrás» que «desalentará la inversión privada en nuevas redes y ralentizará la innovación a velocidad de vértigo que es el alma del Internet de hoy en día». Lo que está claro es que la votación en la FCC no será el punto final de esta batalla. Los proveedores de Internet llevarán la decisión a los tribunales y los republicanos intentarán combatir las nuevas normas desde el Congreso.

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