A juicio por no devolver una subvención de 1,2 millones

La Fiscalía pide cuatro años para dos empresarios que se apropiaron del dinero

Juzgados de Sevilla Raúl Doblado

S. L.

La Fiscalía de Sevilla solicita cuatro años de cárcel para Manuel B.G. y Luis Miguel B.G , administradores de la mercantil Pinturas Aéreas Bahía de Cádiz S.L., como presuntos autores de un delito de fraude de subvenciones tras recibir una ayuda en forma de préstamo por importe de 1.262.122 euros del Ministerio del Industria en 2011 y destinarla a un fin «distinto» para el que fue concedido y que nunca devolvieron .

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla juzgará a partir de hoy a estos dos empresarios, que compraron una empresa que había solicitado una ayuda en el marco de la promoción de la reindustrialización del tejido productivo español. El incentivo debía ser destinado para la creación de una planta de pintura del sector aeronáutico.

El proyecto fue aprobado por la Secretaría General de Industria y el Estado, que concedió un préstamo de 1.262.122 euros sin intereses, y que abonó el 20 de julio de 2011 en una cuenta de la sociedad.

La ayuda para la instalación de la industria debía devolverse en diez años, sin intereses, debiéndose justificar los gastos de inversión al año de entregarse el dinero. «Lejos de ello los acusados, en su condición de administradores de la mercantil, decidieron dar la ayuda un destino distinto al fin para la que se había concedido, apoderándose en su beneficio de la misma», según la Fiscalía.

Una vez los acusados tuvieron el préstamo en su poder, sostiene la acusación pública, realizaron diferentes transferencias a cuentas cuyos titulares eran otras sociedades que también controlaban los procesados.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía reclama una multa de 2.000.000 de euros con seis meses de prisión en caso de impago y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales por cuatro años. Igualmente, pide que los acusados indemnicen al Tesoro Público con la cantidad defraudada más intereses.

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