El interventor cree necesaria una mayor subida de impuestos en Sevilla

Considera que para cubrir los gastos del Ayuntamiento hay que generar más ingresos o reducir los gastos

Juan Espadas en el último pleno municipal VANESSA GÓMEZ

A.G.R.

Hay que ingresar más dinero. Esta es la consigna principal que el interventor general del Ayuntamiento de Sevilla, José Miguel Braojos , ha emitido en su informe de valoración de las ordenanzas fiscales del gobierno socialista, que se someterán hoy a votación por parte de toda la corporación en un pleno extraordinario . Según Braojos, «un análisis conjunto de las modificaciones normativas que presentan las ordenanzas fiscales y de precios públicos para el ejercicio 2018 en cuanto a su influencia en el nivel de recaudación de ese ejercicio determinará, en su conjunto, un descenso de dicho nivel». A su juicio, las bajadas del IBI y de las plusvalías «incidirán en un menor nivel de recaudación ».

Esta bajada se produciría, además, en un contexto en el que el Ayuntamiento tiene «un remanente líquido de tesorería negativo de 4,9 millones de euros», por lo que «una minoración de derechos no favorece la recuperación del equilibrio en el remanente de tesorería que, a corto plazo y en este contexto, sólo puede corregirse con una minoración permanente de gastos».

Sin embargo, añade el interventor, «no puede desconocerse la existencia de nuevas o mayores necesidades de gastos en ejercicios futuros, bien de carácter permanente como el incremento de efectivos de personal al cubrirse las plazas vacantes de policías locales y bomberos , bien puntual, como las mayores necesidades de recursos a aportar a las empresas gestoras de servicios municipales, o la atención de sentencias judiciales pendientes, por lo que esta minoración de gastos afectará en mayor medida a los ordinarios de la corporación». Braojos también aboga por retrasar la aplicación de la bajada de las plusvalías hasta que se regulen a nivel estatal, algo que todavía no ha ocurrido.

En definitiva, el alto funcionario cree que «el nivel de gasto computable deberá disminuirse en la cantidad que se reduzca la recaudación» y que «como este cambio en la ordenanza extenderá sus efectos indefinidamente hacia el futuro, el gasto computable debe reducirse con idéntico horizonte temporal como consecuencia del cambio». La disyuntiva que plantea, por tanto, es clara: o subir los impuestos, o bajar el gasto. De lo contrario, las cuentas se descuadrarán y el Ayuntamiento volverá a una situación económica insostenible.

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