La Fiscalía sospecha que Carmelo Gómez cobró de Lanzas sin trabajar

La juez María Núñez Bolaños ha librado oficio al Parlamento de Andalucía para que le certifique que el socialista Carmelo Gómez es miembro de la Cámara andaluza. Esta petición obedece a un escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que, días antes, solicitaba a la titular del Instrucción número 6 de Sevilla que confirme la condición de aforado de Gómez para que sea citado como imputado por el TSJA, por ser el órgano judicial competente, dentro de la investigación por presuntos delitos societarios en Mercasevilla.

La Fiscalía se basa en varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para concluir que existen indicios suficientes de que el exconcejal de Sevilla y miembro de la ejecutiva regional que lidera Susana Díaz cobró sueldos financiados con fondos públicos sin que conste que ejerciera labor alguna en una de las empresas vinculadas a Lanzas, el gran conseguidor de los ERE.

La sospecha del Ministerio Público es que los contratos que hizo la sociedad Maginae Solutions a personas vinculadas al PSOE eran pura fachada para pagar nóminas injustificables: «Los tres contratos pudieron ser simulados, no respondiendo a actividad laboral real alguna».

El fiscal anticorrupción se refiere a tres contratos, que son los que suscribieron Carmelo Gómez, el también exedil socialista José Antonio García y María del Carmen Rodríguez Borrego, nuera del exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. El Ministerio Público también pide que estas dos personas declaren como imputados.

La UCO remitió a la anterior instructora del caso, Mercedes Alaya, un informe sobre los emolumentos que recibió Carmelo Gómez cuando estuvo a sueldo de la empresa Maginae Solutions, cuyo administrador único es Ismael José Sierra, cuñado de Lanzas.

A través de la información que tiene la Agencia Tributaria, los agentes confirmaron que el socialista estuvo dado de alta 133 días entre el 22 de marzo y el 1 de agosto de 2007. Casi cuatro meses y medio en los que percibió 8.390,55 euros; lo que da una media de 2.000 euros al mes.

El precedente de Pacheco

La Guardia Civil interrogó en su día a la trabajadora de Maginae Solutions que le hizo el contrato a Carmelo Gómez, y aseguró que tras la firma nunca más supo de ese empleado, ni le constaba cuáles eran sus funciones en esta sociedad, que según reza en la información mercantil pública se dedica al asesoramiento integral a empresas.

Cobrar con dinero público un salario sin ejercer trabajo alguno ya ha sido argumento sometido a juicio y ha motivado la condena a uno de los políticos andaluces más conocidos: el exandalucista Pedro Pacheco.

El que fuera alcalde de Jerez durante más de dos décadas se encuentra en estos momentos en prisión, cumpliendo una pena de más de cinco años por el llamado «caso Asesores». La Audiencia de Cádiz lo sentenció por colocar a dos amigos y compañeros de partido en sendas empresas municipales. Ambos colegas, que también fueron procesados y condenados, no pudieron acreditar cuáles eran sus funciones como asesores. En el juicio afirmaron que se dedicaban a elaborar informes como expertos.

«Hacía informes»

Precisamente ésta fue la respuesta que ofreció ayer Carmelo Gómez en declaraciones a Europa Press al ser preguntado por la petición de la Fiscalía. Durante los 133 días que estuvo dado de alta, afirma que se encargó de «la elaboración de estudios e informes» y que, naturalmente, cobró una nómina, «como cualquier trabajador por cuenta ajena». Ha precisado que toda la documentación que probaría su defensa será entregada en el juzgado si así se le requiere.

Este político del círculo de confianza de Susana Díaz se compara a cualquier trabajador «que se ve en los tribunales porque el empresario que le ha contratado ha cometido irregularidades», desmarcándose así de Ismael José Sierra y de su cuñado.

Maginae Solutions es una de las sociedades vinculadas a Lanzas y de las que se sospecha que eran simple pantallas para cobrar las comisiones que recibía por su intermediación en los ERE. Para justificar el ingreso de dinero procedente de fondos públicos, emitían facturas falsas. La investigación cuantifica que esta sociedad llegó a facturar 190.048,20 euros por supuestos asesoramientos a Mercasevilla.

Como curiosidad, esta empresa se constituyó en febrero de 2006 y sólo siete meses después, sin experiencia previa, firmó un suculento contrato con Mercasevilla para asesorarle en el expediente de regulación que afectaría a 40 trabajadores.