El fiscal aporta otra prueba para acreditar el amaño de las oposiciones de Policía Local de Sevilla

La vista previa para la presentación de nuevas pruebas que se celebró ayer en el juzgado de lo Penal número 10 sobre el presunto amaño de las oposiciones a Policía Local de 2012 en Sevilla generó otra sorpresa. La fiscal aportó un documento con el que demostraría que las preguntas del examen no fueron hechas por los miembros del tribunal el mismo día de la prueba, como estipula la ley para evitar filtraciones, sino que ya las traían de casa, lo que habría permitido que llegaran a determinados opositores. Se trata de un manuscrito atribuido a uno de los intendentes de Policía que serán juzgados y que ha sido aportado por la vocal de la Junta de Andalucía en aquel tribunal, la única de las componentes que no ha sido procesada, ya que sus preguntas fueron las únicas del tipo test que los posibles beneficiados no contestaron bien o directamente no contestaron.

El juez recibió el documento y emplazó a las partes a que presenten alegaciones al mismo con la mayor celeridad posible, ya que antes de que finalice este año tiene previsto cerrar toda la documentación que se usará en el juicio. Según fuentes del caso, el magistrado encargará también una prueba caligráfica para certificar si el papel con las preguntas fue efectivamente escrito por la persona a la que se le atribuye. Las cuestiones que contiene el papel, no obstante, coinciden con las que se formularon en el examen, aunque hay que demostrar que ese documento es previo a la fecha de celebración.

Por su parte, las mismas fuentes añaden que las defensas de los procesados, 42 personas en total, plantearon también otras pruebas periciales, sobre todo relacionadas con las respuestas de los opositores, que el juez valorará para decidir si son o no aceptadas. A la finalización del acto, el magistrado comunicó a las partes que el juicio se celebrará a partir de la segunda quincena de septiembre de 2017 y que tendrá tres meses de duración con dos sesiones semanales.

En el banquillo se sentarán hasta 37 policías locales, entre ellos el superintendente Juan José García y los presuntos beneficiados de la filtración, que en caso de resultar condenados en los términos que pide la Fiscalía perderán sus plazas y tendrán que devolver todo el dinero ingresado por este trabajo desde que accedieron al Cuerpo. De hecho, el juez de instrucción ya les impuso fianzas a todos para asegurarse de que ante una eventual condena puedan hacer frente a este reingreso, al que habrá que sumar la multa correspondiente.