El exdecano de los Arquitectos de Sevilla asegura a la juez que no se benefició del Colegio

La institución le denunció por un desvío de más de un millón de euros a la Fundación Fidas y el supuesto intento de controlar esta entidad cambiando a los patronos

El exdecano de Arquitectos, Ángel Díaz del Río, entrando en los juzgados tras un acompañante M.J. López Olmedo

Alberto García Reyes

El exdecano del Colegio de Arquitectos de Sevilla, Ángel Díaz del Río , declaró este martes como investigado ante la juez de instrucción número 17, Carmen Ruiz Mesa, junto a otros siete miembros de su directiva por la presunta «patrimonialización» de la Fundación para la Investigación y Difusión de la Arquitectura, Fidas, en la que se produjo un desvío de al menos 800.000 euros , según una auditoría encargada por el propio Colegio tras las últimas elecciones, en las que Díaz del Río perdió ante Cristina Murillo .

La magistrada interrogó a una parte de la antigua directiva -hoy continúan las declaraciones- sobre los motivos por los que estos altos cargos del Colegio intentaron aprobar de forma urgente la permanencia de un patrono que tenía que abandonar la Fundación, una actuación que tuvo lugar unos días después de haber perdido los comicios y en el intervalo de tiempo que hubo entre la toma de posesión de la nueva presidenta y la salida del antiguo. Ninguno de los investigados contestó a las preguntas del Colegio, que en estas actuaciones es el denunciante, ya que considera que Díaz del Río hizo una artimaña para mantener el control de la Fundación tras desvelarse el contenido de una auditoría interna que se cerró sin emitir opinión porque hay más de un millón de euros cuyo paradero no se puede determinar.

Concretamente, la nueva decana del Colegio decidió denunciar el caso tras detectar se había convocado el patronato de la Fundación Fidas sólo unos días después de su victoria en las elecciones de este organismo, celebradas el 29 de mayo de 2017. El convocante fue el decano saliente, que en esos momentos actuaba en funciones. «El motivo de la precipitada convocatoria, al no constar otra causa que lo justificase, es el inesperado resultado de los comicios electorales y la consecuente alteración de mayorías que se iba a producir en el seno del patronato con la incorporación de los nuevos» directivos del Colegio: la decana, el tesorero y el secretario, recoge su denuncia, que recalca que el 14 de junio expiraba el mandato del patrono Víctor Moreno, mientras que el 11 de marzo de 2018 lo haría el de otros tres patronos electivos: Bernardo Gómez-Estern, Pedro Moscoso y Jesús Castañer. Es decir, Díaz del Río «perdería en marzo de 2018 la posibilidad de designar nuevos patronos electivos » y dejarían de formar parte de la Fundación «cuatro adláteres» del exdecano.

«Ante estas adversas circunstancias y el riesgo de que se llegara a conformar en el patronato una nueva mayoría ajena a la malla de complicidad de sus afines que había logrado aglutinar en torno a sí el señor Díaz del Río, éste decide, y los demás patronos lo secundan, todos con determinado abuso de sus facultades, convocar a toda prisa una reunión del patronato para el 12 de junio con el fin prioritario de renovar al señor Moscoso por tres años en su cargo de patrono electivo, pese a que todavía faltaban nueve meses para que expirara su mandato como tal», añade la denuncia presentada por el Colegio de Arquitectos contra sus anteriores administradores, a los que acusa de intentar « asegurarse una mayoría a futuro que bloquearía cualquier iniciativa de los nuevos patronos electos».

Todos los investigados, no obstante, defendieron ayer su actuación alegando que se trataba de una convocatoria natural en la que se tomaron decisiones de carácter rutinario. Pero de fondo está la auditoría interna, que según la denuncia avala la teoría de la actual decana de que lo que Díaz del Río pretendía era «seguir patrimonializándolo (el patronato de la fundación) como algo propio» con el «fin oculto» de « obstruir la toma de decisiones futuras que podrían resultar perjudiciales para el anterior equipo directivo, como las derivadas de una cuestionada administración de la fundación que ha impedido incluso que se pueda emitir por los auditores una opinión de las cuentas del 2016».

Según las fuentes consultadas por este periódico, el exdecano respondió a todas las cuestiones que le hizo la juez y también atendió a las de su defensa, pero no respondió las preguntas del letrado del Colegio. En su declaración, sostuvo que nunca se benefició del Colegio en su toma de decisiones. En todo caso, la instrucción continúa abierta y hoy seguirán declarando varios miembros de la anterior directiva para esclarecer si el presidente saliente trató de controlar la Fundación Fidas dejando a personas de su confianza antes de ceder el testigo a su sucesora o si, como él sostiene, simplemente cumplió con su obligación como decano en funciones.

La citada auditoría elaborada por la empresa Cabeza Parra subraya que hay más de un millón de euros sin contabilizar, destacando una provisión por grandes reparaciones en la cuantía de 860.202,42 euros «con origen en los ejercicios 2004 a 2008 con cargo a la cuenta de gastos de reparación». Se trataba de un dinero para hacer unas obras que «no se han llevado a cabo ni están comprometidas contractualmente con terceros». Ahí es donde está la clave del caso.

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