Entrevista
«Cinco años preparándome oposiciones y me dejan fuera por padecer diabetes»
El sevillano José Pablo Erramusbea ha iniciado una recogida de firmas para luchar contra la exclusión de las personas con diabetes a la hora de optar a ciertos empleos públicos
La vida de José Pablo Núñez Erramusbea cambió cuando, hace cinco meses, el médico le comunicó que padecía diabetes tipo 1 y que, por tanto, su sueño de pertenecer al Cuerpo Nacional de Policía no podría hacerse realidad. Ahí comenzó su particular lucha por reivindicar el derecho de las personas con diabetes a poder optar al empleo público.
En España, hay más de cinco millones de personas que padecen diabetes , todas ellas tienen trabas para acceder a algunos empleos públicos tal y como aparece en el Boletín Oficial del Estado (BOE) . En el caso de José Pablo, su deseo de ser Policía Nacional no es posible tal y como ordena este texto oficial , lo mismo ocurriría si quiera opositar a funcionario de prisiones o agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera .
«Me he llevado cinco años preparándome las oposiciones al Cuerpo Nacional de Policía, y durante el proceso selectivo, habiendo superado las pruebas físicas, de conocimientos, ortografía, y habiendo realizado el biodata, el test de personalidad y la entrevista, a tan sólo dos meses de terminar las oposiciones , no he podido superar el reconocimiento médico». José Pablo es diagnosticado con 32 años y, según la Orden de de 11 de enero de 1988 , no puede volver a presentarse para este empleo.
«Si hubiera sido diagnosticado dentro del Cuerpo hubiera tenido derechos que me amparaban»
«Si hubiera sido diagnosticado sólo unos meses más tarde y ya dentro del Cuerpo Nacional de Policía, hubieran existido unos derechos que me amparan, pero cuando la diabetes aparece durante el proceso , y aunque se superen la mayor parte de las pruebas, nada ni nadie te ampara », explica José Pablo. Como última baza, el joven sevillano aportó un informe médico por parte del personal sanitario del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla en el que se aseguraba que, en la actualidad, tiene una diabetes bien controlada y que está capacitado para realizar cualquier actividad o profesión.
Sin embargo, de nada ha servido la opinión de los médicos ni el resultado del resto de pruebas de acceso. José Pablo ha visto con 33 años cerrada la puerta a su futuro en la carrera profesional para la que llevaba un lustro preparándose. « Mi último cartucho es iniciar esta campaña de visibilización para que los poderes públicos y las instituciones del Estado acaben con esta discriminación laboral que sufren las personas con diabetes en España en el acceso al empleo público».
Además, ha interpuesto un recurso de alzada con la esperanza de que se subsane este «anacronismo obsoleto». «Tenía un mes para presentarlo, lo presenté el 25 de mayo, no me han contestado por lo que hay silencio administrativo y ahora, si siguen sin responderme, tengo seis meses para interponer otro recurso al contencioso-administrativo», explica.
«No es una discapacidad»
Mientras dura todo este proceso, el sevillano también ha iniciado de forma paralela una petición de firmas en Change.org para que el Gobierno de Pedro Sánchez revise este criterio. Además, el Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, atribuye a la diabetes tipo 1 un porcentaje de minusválida del 0%. « La exclusión es una incoherencia cuando la diabetes no tiene la consideración legal de discapacidad».
Dentro de esta petición de firmas, todo lo que se solicita es originario de una Proposición No de Ley , presentada por el Grupo Parlamentario Socialista el 1 de marzo de 2017 a la Mesa del Congreso, cuando el PSOE aún estaba en la oposición. En esta PNL, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el menor plazo de tiempo posible adopte las medidas legales y reglamentarias necesarias para imposibilitar que el diagnóstico de la diabetes sea causa de exclusión genérica para el acceso al empleo público, p ara así evitar que pueda constituir ninguna discriminación en los derechos laborales de los empleados y empleadas públicos.
