El sindicato CSIF inicia la batalla en las calles de Cádiz para revalorizar las nóminas de los funcionarios

Javier Rodríguez

CÁDIZ

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28/10/2025
Actualizado a las 13:14h.

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Los funcionarios públicos quieren recuperar el poder adquisitivo que han perdido en los últimos años debido a la imposibilidad de actualizar el IPC en sus nóminas desde 2011. Solo en 2022 se logró un aumento, pero sin saldar la totalidad de la pérdida acumulada. Así lo explica la presidenta del sindicato CSIF en Cádiz, Mercedes Amézaga, que el mes que viene cumple un año en el cargo. En estos momentos tiene una agenda muy apretada para reivindicar mejoras en la redacción del nuevo convenio de la función pública.

El próximo 30 de octubre este sindicato, junto con CC OO y UGT, saldrá a la calle para exigir un convenio y recuperar el poder adquisitivo perdido, según Amézaga, el sindicato ha pasado de contar con 6.000 afiliados en Cádiz a sumar 8.400 afiliados y está presente en los sectores de sanidad, educación, justicia, administración local, Junta de Andalucía, entre otros.

Según la estadística, la provincia suma un total de 82.000 empleados públicos y habría que recuperar una media de 51 millones de euros desde 2010 para equilibrar las nóminas de estos funcionarios gaditanos. A nivel andaluz, el cálculo se eleva hasta los 310 millones de euros.

El 30 de octubre habrá concentraciones y el 5 de noviembre manifestaciones. Si la situación no se arregla o, al menos, no se inicia un debate se irá a una huelga general en diciembre.

La presidenta del CSIF en Cádiz avanza que solo ha habido mejoría desde 2022 a 2024, donde solo se ha logrado recuperar un 20%. Ahora lo que piden los funcionarios con su nuevo convenio es que su tabla salarial esté vinculada al IPC anual. Esta regularización salarial ha estado bloqueada durante 12 años, es de decir, desde 2010 a 2022.

La presidenta de CSIF Cádiz, Mercedes Amézaga, califica de «lamentable e injusta» la pérdida de poder adquisitivo que sufre el colectivo de empleados públicos por «la actitud cicatera» del Gobierno central que mantiene estancada la negociación con los representantes sindicales. Para Amézaga «no es de recibo que el Ministerio que dirige Óscar López haya permitido que el personal del sector público lleve acumulada una pérdida de poder de compra del 6 % desde 2022», en referencia al «mal acuerdo» firmado por entonces entre el Ejecutivo y otras organizaciones sindicales para los años 2022, 2023 y 2024 y que CSIF se negó a firmar por considerarlo insuficiente. Si el cálculo se remonta a los recortes de 2010 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, la cifra de pérdida de poder de compra asciende a más del 20 %.

Por este motivo, CSIF, en unidad sindical con UGT y CCOO, se movilizará el próximo 30 de octubre en las subdelegaciones del Gobierno para exigir al Ejecutivo central que reaccione y se siente a negociar un nuevo acuerdo que permita aplicar la subida salarial de este año y recuperar el poder adquisitivo perdido.

Estas protestas, que se desarrollan bajo el lema «Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos», se reproducirán en todas las provincias de España y marcan el inicio de un calendario de movilizaciones que continuará con una gran movilización en noviembre en Madrid y que podría acabar en una huelga nacional en diciembre, la primera en las administraciones públicas para el Gobierno de Pedro Sánchez, si el Ministerio persiste en el bloqueo de la negociación colectiva.

Amézaga, por otra parte, ha mostrado su total rechazo a la negativa del Gobierno andaluz a la firma del preacuerdo por la mejora del empleo público en la Administración General de la Junta de Andalucía y unos servicios de calidad que redunden en la ciudadanía.

Las tres organizaciones, que representan al 80 % del personal público, ya advirtieron el pasado mes de septiembre que tomarían las medidas que considerasen oportunas si no se retomaba la negociación de forma inmediata.

Los problemas de las plantillas del ámbito de lo público y los servicios que recibe la ciudadanía se agravan a diario por la inacción del Ministerio para resolver asuntos muy preocupantes, tanto a nivel salarial como en materia de empleo y condiciones laborales.

Hay que recordar que se aprobó una Oferta de Empleo Público (OEP) para este año sin el apoyo de las organizaciones sindicales, porque reduce la creación de empleo neto, disminuye la oferta en promoción interna y mantiene la tasa de reposición (en los últimos 20 años se han perdido más de 42.000 efectivos, mientras que con la nueva OEP tan solo se crean 4.500 plazas de empleo neto).

Esta situación obliga a poner en marcha una política preventiva en materia de jubilación de los funcionarios. Amézaga ha declarado a LA VOZ que en los próximos años comenzará la jubilación paulatina de la generación del 'baby boom', es decir, de quienes nacieron a primeros de los sesenta. Considera que esta situación obliga a poner en marcha convocatorias de empleo en todos los sectores de la administración pública para poder cubrir esas bajas que surgirán con las jubilaciones.

Reconoce que Cádiz es un sitio de difícil cobertura laboral para la nueva mano de obra que viene, debido al alto precio de la vivienda y de los alquileres,. Esta situación se está notando en sectores como la sanidad y la educación con la interinidad de algunos empleados.

En cuanto a la crisis de los cribados del cáncer de mama que asola a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, la presidenta de CSIF ha destacado que falló la cadena de comunicación debido a los cambios sufridos en las distintas estructuras. Esto ha provocado un corte de los eslabones del protocolo que, finalmente ha derivado en esos fallos de comunicación. «Un cúmulo de factores que ha terminado en un cúmulo de errores».

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