MARINALEDA
Sánchez Gordillo no alcanza un acuerdo con la Junta para comprar las fincas públicas de Marinaleda
No se ponen de acuerdo sobre el precio de venta, aunque la Junta dio a las cooperativas un ultimátum en 2016 para cerrar la operación
En 2016, la Junta de Andalucía dio un ultimátum a las cooperativas de Marinaleda: o compraban las 1.200 hectáreas que explotan en régimen de concesión desde 1992 o serían expulsadas de las fincas públicas. Han pasado dos años desde entonces y las cooperativas, lideradas por el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, no han comprado aún las fincas, como sí hicieron otras cooperativas en similares circunstancias. ¿Cuál es la razón de que no se haya producido la compraventa? Sánchez Gordillo y la Junta no se ponen de acuerdo sobre el precio de las fincas, que el Gobierno de Susana Díaz ya valoró en cerca de 10 millones de euros.
Como se recordará, la Ley 1/2011 de reordenación del sector público andaluz estipula que los adjudicatarios de explotaciones agrarias del Iara en régimen de concesión administrativa podían comprar las tierras pagando su precio, con reducciones que podían llegar al 65% del valor en función de lo que hubieran pagado en concepto de canon anual de arrendamiento, inversiones realizadas... Se fijó como fecha para esa posible compra 2011, después 2014 y finalmente el 31 de diciembre de 2016.
Juan Manuel Sánchez Gordillo ha declarado este martes a ABC que no no se ponern de acuerdo sobre el valor de las fincas que las cooperativas de Marinaleda estuvieron usando sin pagar el canon de explotación anual durante 25 años. La Junta de Andalucía cifró en 5,7 millones de euros los cánones impagados durante estos años . El alcalde de Marinaleda esgrimió que nunca les pasaron al cobro esos cánones hasta 2014, habiendo pagado los últimos tres años.
La Junta no sólo no ha cobrado los cánones de explotación de esas fincas de Marinaleda, sino que el Gobierno autonómico además ha dejado pasar el ultimátum que dio a las cooperativas para comprar las fincas antes de 2017, aunque amenazó incluso con que no cobrarían las ayudas de la PAC. A ello se suma, que la Administración andaluza admite que parte de la deuda de los 5,7 millones de euros de cánones está prescrita.
La Junta asegura que las negociaciones para la compra de las fincas de Marinaleda continúan, una situación que otras cooperativas consideran un agravio comparativo, ya que a ellas se les dio una fecha tope para comprar 420 hectáreas del antiguo Instituto de Reforma Agraria (Iara), para lo cual recibieron de la Junta un préstamo a 20 años al 3,5%.
Sánchez Gordillo ha declarado en varias ocasiones que no tienen que pagar nada por las 1.200 hectáreas porque realizaron inversiones por 16 millones de euros. La Junta les exigió documentación para acreditar esas inversiones, sin que hasta la fecha se haya llegado a un acuerdo para cerrar la compraventa del suelo.
Otra cuestión es quién comprará esas 1.200 hectáreas. Sánchez Gordillo insiste en que las cooperativas no quieren adquirir la propiedad de esas fincas, pero como la Junta les pone en esa disyuntiva crearían una fundación que estaría constituida a partes iguales por j ornaleros, trabajadores en paro del Sindicato Andaluz de Trabajadores (antes SOC) y pensionistas. Mientras tanto, Sánchez Gordillo y la Junta siguen deshojando la margarita.
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