Susana Díaz junto al alcalde imputado
Susana Díaz junto al alcalde imputado - EFE/ JOSÉ MANUEL VIDAL

El alcalde socialista de La Algaba, imputado por prevaricación y malversación

Por una grabación en la que habla de la adjudicación de contratos a un empresario familiar de una militante socialista

SEVILLA Actualizado: Guardar
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La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, ha citado a declarar como investigado por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera Piñero (PSOE), a resultas de la grabación en la que el primer edil habla de la adjudicación de contratos a un empresario por el hecho de ser el padre de una militante socialista.

En un auto fechado el día 18 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada cita como investigados tanto al primer edil como a otras tres personas relacionadas con el contrato en cuestión los próximos días 22 y 23 de septiembre, haciendo expreso ofrecimiento de acciones a la Diputación de Sevilla como perjudicada en relación al uso dado a los fondos adjudicados al Ayuntamiento de La Algaba.

La juez instructora dice que esta causa se abrió mediante auto de 12 de febrero de 2016, acordándose la investigación de presuntos delitos de amenazas, malversación de caudales públicos y prevaricación con relación a determinadas «irregularidades» en el Consistorio y remitiéndose a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la grabación referida para su investigación.

Así, y una vez que la UCO ha entregado su atestado, la magistrada dice que, con relación a la investigación por presuntas «irregularidades» en la contratación de determinadas partidas por parte del Ayuntamiento, se aprecian «indicios» de posibles delitos de prevaricación y malversación con relación a una de estas adjudicaciones.

En concreto, la juez se refiere a la adjudicación para la adquisición de dotación y equipamientos y bienes inventariables correspondientes al año 2010, financiada con cargo a una subvención otorgada por la Diputación de Sevilla, el 13 de agosto de 2010, resolviendo la adjudicación de una subvención a favor del Consistorio para la adquisición de diez carros de basureros y un equipo de baldeo móvil.

La juez dice que, de los términos de la investigación efectuada por la UCO, «se desprende que dicha contratación pudo hacerse con fines de enriquecimiento de la empresa» de la que eran titulares dos hermanas a las que cita como investigadas «tras haberlo ofrecido verbalmente al padre de éstas, aún suponiendo ello mayor coste para el Ayuntamiento tal y como se desprende de determinados extremos de la grabación» que dio inicio a la causa y que aparece transcrita en el atestado de la UCO.

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