Tribunales

La juez rechaza que el SAS sea acusación en la causa abierta por el accidente mortal del Valme

La instructora considera que la Administración no es parte perjudicada en el procedimiento

Familiares de Rocío Cortés en una concentración tras la muerte de la joven en el hospital sevillano ABC

S. L.

La juez de Instrucción número 1 de Sevilla ha rechazado la personación como acusación particular del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la causa abierta por el accidente registrado en un ascensor del Hospital de Valme el pasado 20 de agosto, que le costó la vida a una joven de 25 años identificada como Rocío Cortés .

En una providencia fechada el 4 de octubre, la juez María Elvira Alberola resuelve que «no ha lugar a tener al Servicio Andaluz de Salud por personado como acusación particular al no tener la condición de perjudicado». También acuerda librar oficio al Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla para que remita el resultado de la autopsia practicada a la víctima «o en su caso participe los motivos que lo impidan».

El avance de la autopsia determina que Rocío murió como consecuencia de un « traumatismo craneal severo ». Después de dar a luz a su tercera hija mediante una cesárea, la madre, que tenía 25 años y residía en Dos Hermanas , estaba siendo conducida al área de planta por un celador que introdujo la camilla en uno de los ascensores del hospital. El elevador habría comenzado a subir en un momento en el que el extremo de la camilla donde reposaba la cabeza de la joven estaba fuera de la cabina, lo que provocó que la cabeza quedase aprisionada entre el suelo y el dintel de la misma.

La juez, que ya ha recibido el atestado policial , está a la espera de recibir un informe de la Consejería de E mpleo, Empresa y Comercio para poder identificar el fallo de la avería sufrida por el ascensor.

El pasado 13 de septiembre, la consejera de Salud, Marina Álvarez , anunció en el Pleno del Parlamento que el SAS había decidido personarse como acusación particular. Álvarez aseguró en esa comparecencia que el ascensor había pasado « todos los controles y las revisiones reglamentarias establecidas», descartando responsabilidad alguna de la Administración. Según la consejera, el SAS sólo debía controlar que las revisiones estaban al día.

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