El anterior gobierno al completo de Arcos, a juicio más de una década después

Sobrinos, hijos, cuñados, tíos, hermanos... familia de los propios responsables de este ayuntamiento. Y también, gente vinculada -que iba en las listas- de un partido político en concreto: la formación Alternativa Independiente Progresista (AI-Pro), quien le dio la llave del gobierno al Partido Popular en Arcos de la Frontera tras las municipales de 2011.

Y precisamente desde ese año, del verano de 2011, es uno de los primeros de esos contratos que han estado siendo revisados por el juez y la Fiscalía de Jerez desde que en 2014 un concejal socialista, Joaquín Macías, presentara una querella sobre este asunto en los juzgados al considerar que se estaban cometiendo ciertas irregularidades en las contrataciones.

Por tanto, y desde que se admitiera a trámite dicha denuncia y tras más de ocho años de instrucción, la causa sigue su curso judicial y recientemente la Fiscalía ha presentado su escrito de calificación provisional contra todos los procesados. Trece personas en total. El exalcalde de Arcos, el popular José Luis Núñez, once concejales, y el que en la fecha de los hechos era el interventor municipal. El Ministerio Público les acusa de un delito de prevaricación y, en algunos casos, otro de prevaricación por omisión y solicita que los investigados sean castigados con penas de seis a doce años de inhabilitación para desempeñar cualquier empleo público.

El fiscal señala directamente en sus conclusiones provisionales a todos los imputados. Y además de apuntar al exalcalde de la localidad, acusa a once ediles que dirigieron delegaciones diversas. Esto es, Manuel Erdozain, edil de Urbanismo, Manuel Gallardo, Turismo, Juana María Morales, Asuntos Sociales, Domingo Jesús González, Cultura y Deportes, Petra Macías, delegada de Jédula, Rosario León, coordinadora de Igualdad del Ayuntamiento y delegada de Jédula, María Elena Miras, concejala de Impulso Económico, Leopoldo Pérez, edil de Festejos, Francisco Muñoz, Medio Ambiente, Sebastián Ruiz, delegado de Infraestructuras, y, Carlos de la Barrera, edil de Personal y responsable de Hacienda.

A todos ellos hay que sumar además la supuesta implicación y colaboración del que fue interventor accidental del citado Consistorio desde abril de 2002 hasta septiembre de 2013. Pues bien, tras revisar todos los documentos que se han presentado como pruebas y se han solicitado al propio Consistorio, todos ellos «con conocimiento de la inadecuación legal del procedimiento, prescindiendo del procedimiento de selección preceptivo y sin respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad exigidos en la Constitución, mientras era alcalde José Luis Núñez, habían venido celebrando numerosos contratos laborales ilegales, concediendo un empleo público a quienes ellos estimaban conveniente, en algunos casos por exclusivos vínculos familiares o por pertenencia a su mismo partido político o con el que gobernaban en coalición, sin ajustarse a los principios mencionados que deben de regir en la función pública».

Y añade: «para lograr su propósito contaron con la estimable colaboración del entonces interventor del Ayuntamiento de Arcos hasta septiembre de 2013, quien a pesar de tener conocimiento de la ilegalidad de dichas contrataciones, mantuvo una posición pasiva, consintiéndolas y no emitiendo informes de reparo alguno».

Es más, y según siempre ha concluido el Ministerio Fiscal, el 29 julio de 2011 el exalcalde dictó un decreto dando competencias a uno de estos delegados, concretamente al delegado de Personal y Hacienda, para que fuera este edil directamente el que autorizara y formalizara las propuestas de contratación que le realizaran el resto de delegados.

Y así, como asegura la acusación, se fueron haciendo durante esos años multitud de contratos (más de un centenar) de forma presuntamente irregular sin que pasaran por ninguno de los trámites de igualdad, publicidad y mérito que tienen que pasar por ley de forma obligatoria y reglada este tipo de contratos públicos. El escrito de calificación recoge todos estos supuestos 'enchufes' que fueron a personas que desempeñaron, independientemente de que no demostraran su valía por encima de la de otros aspirantes o candidatos, labores muy variopintas. Contratos que en la mayoría de los casos duraron días, semanas y que fueron siendo prorrogados.

Así por ejemplo y según consta en el escrito Sebastián Ruiz, edil de Infraestructuras, propuso que se contratara como oficial de carpintería en varias ocasiones a M.P., quien era cuñado del alcalde. Por su parte, Manuel Erdozaín, concejal de Urbanismo por AI-Pro, propuso la contratación de otras doce personas. Entre ellas, de nuevo el cuñado del alcalde pero esta vez para que ocupara el puesto de peón en vías públicas, y también a la hermana del edil de Turismo, como operaria de Parques y Jardines, o al sobrino de la concejal de Asuntos Sociales. como arquitecto en prácticas o, posteriormente, en la categoría de arquitecto.

Además de a otras ocho personas más que habían ido junto a él en las listas de su mismo partido para las municipales. A todos ellos los consideró adecuados y preparados para que fueran administrativos en Urbanismo, oficiales y encargados de limpieza viaria, albañilería, jardinería, pintor, mantenimiento en piscina...Mismo 'modus operandi' replicaron el resto de concejales imputados, según la acusación.

Como el de Cultura que volvió a 'fijarse' en el cuñado del alcalde y lo propuso nuevamente como oficial de carpintería en hasta en once ocasiones. O a la hermana de la concejal de Asuntos Sociales como limpiadora, o al hijo del delegado de su compañero de Turismo como monitor, entre otros.

Similar panorama se repitió con otros de los investigados. Como con la exedil de Asuntos Sociales que propuso la contratación de la sobrina del alcalde como monitora en un centro, al igual que al cuñado del edil de Hacienda. También a un tío del concejal de Medio Ambiente como operario de parques y jardines o una miembro de su partido como limpiadora.

Fiscalía también repara en el contrato que sin pasar ningún tipo de precepto legal ni concurso público se le hizo a la hermana del edil de Turismo como conserje del Edificio Emprendedores. En cuanto a Petra Macías, delegada de Jédula hasta el 1 de julio de 2014, llama la atención cómo propuso para la contratación pública a dos sobrinos suyos para que desarrollaran labores de mantenimiento o socorrismo durante varios meses.

En total, trece contratos supuestamente 'a dedo'. Otros concejales ofrecieron estos puestos libres y puntuales para familiares del propio concejal de Personal, supuestamente la persona a la que por decreto el alcalde había depositado la responsabilidad de revisar y aprobar todos esos contratos. Así por ejemplo se pudieron ver 'beneficiados' su hermana o su sobrino, entre otros.

Pero además, y según destaca el Ministerio Público en sus conclusiones, estos contratos «no sólo no fueron aprobadas y autorizados sino que además el propio Carlos de la Barrera (edil de Personal) contrató directamente, prescindiendo del preceptivo procedimiento a otros trabajadores», también vinculados a otros concejales.

Por todo ello, el fiscal entiende que De la Barrera «actuó en connivencia con el resto de acusados y en especial con el alcalde, quien no sólo no elaboró las bases para la contratación, de su competencia, sino que con conocimiento de tales prácticas ilegales de contratación permitió que se produjesen, sin que por su parte se avocara la competencia en materia de contratación o adoptara medida alguna que lo impidiera».

De ahí que entienda que José Luis Núñez era «plenamente conocedor de las contrataciones ilegales, puesto que por parte del interventor accidental se emitieron desde el mes de noviembre de 2013 en que éste accedió al cargo de interventor hasta junio de 2015, informes mensuales de reparo en los que se ponía de manifiesto «la ilegalidad de las gratificaciones, productividades y contrataciones del Ayuntamiento de Arcos».

Y especificaba: «En muchos casos no se cumple la ley, son arbitrarias, desproporcionadas, injustificadas, periódicas, excesivas, no objetivas, en muchas ocasiones percibidas por personas próximas al Equipo de Gobierno, etc». Además el interventor advertía que debido a la «grave situación económica del Ayuntamiento (con requerimientos judiciales firmes por impagos de deudas, impagos a la Seguridad Social, a Hacienda.... ) se debía de reducir, entre otros, los gastos de personal por lo que es necesario reducir drásticamente o eliminar gratificaciones, productividades, contrataciones, etc», exponía.

Pese a ello, estas contrataciones «ilegales» se prolongaron durante toda la legislatura comprendida entre 2011 y 2015, y el interventor titular del Ayuntamiento hasta septiembre de 2013 «omitió sus obligaciones de control, al no formular reparo alguno y autorizar los pagos de las nóminas correspondientes, a sabiendas de que los contratos que los amparaban habían obviado la legislación vigente».

Cabe recordar que el juzgado ratificaba en diciembre de 2014 esta querella contra el alcalde y otros ocho concejales de PP y Aipro, partidos que entonces gobernaban en coalición en la localidad arcense, por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias en los que habrían incurrido tras la supuesta contratación irregular de estos familiares y personas afines a sus partidos.

La querella fue presentada a título particular por el edil socialista Joaquín Macías en septiembre de 2014. Sostenía que los querellados habrían venido ordenando, «a veces directamente, y otras a través del responsable de Hacienda y Personal, el concierto de contratos temporales de personal laboral en el Ayuntamiento con familiares directos suyos y de otros delegados municipales, así como de miembros de las candidaturas a las elecciones municipales de 2011».

Este asunto recuerda a otro que se dio en la localidad y que supuso un gran escándalo. Y es que la Audiencia Provincial de Cádiz ya condenó a dos años de prisión por un delito de cohecho al exsenador del Partido Popular y exconcejal de Arcos, Sebastián Ruiz. También a los otros dos procesados por esta causa, Carlos de la Barrera (el exedil) y Manuel Erdozaín (el exconcejal de AIPro), además de a otro interventor municipal. También les impuso la inhabilitación para cualquier cargo público durante ocho años por otro delito de prevaricación.

La Sección Octava de la Audiencia consideró probado que los acusados 'enchufaron' tras un plan establecido en el Ayuntamiento de la localidad a la hija del interventor imputado en aquella ocasión a cambio de que éste modificara unos informes de reparo. Los hechos se remontan a 2014 cuando, como recoge la sentencia, los entonces tres ediles se encontraron el 18 de junio con el rechazo del interventor, quien informó negativamente de todas las nuevas adjudicaciones de obras e inversiones, debido a la «grave situación económica» que atravesaba el Ayuntamiento.

Entonces Ruiz era segundo teniente de alcalde, responsable del Área de Hacienda y delegado de Infraestructuras, además de ser senador del PP por Cádiz, cargo que ostentó hasta octubre de 2015.Sin embargo, a pesar de esta oposición, los tres acusados consiguieron convencer al interventor, que su hija, con estudios de peluquera, iba a ser contratada como auxiliar administrativo «si cambiaba el sentido del informe sobre ejecución de obras», determina el fallo. Dichos trabajos suponían una inversión total de 2.932.690 euros, cuando el Consistorio tenía una deuda de casi diez millones, según se les advirtió. A partir de ese momento, como indicaba la acusación, el gobierno municipal logró informes favorables, que no debería haber recibido.El juicio de este caso se celebrará en próximas fechas pero de momento no ha sido señalado.