Afectados por el desfalco del «Dioni» de Almensilla piden la dimisión de la alcaldesa

Varias decenas de personas pertenecientes al controvertido Sector F de Almensilla han celebrado este martes una protesta a las puertas de la Diputación de Sevilla, reclamando la dimisión de la alcaldesa del municipio y diputada provincial, la socialista Agripina Cabello, al no mediar soluciones para las numerosas dotaciones básicas de las que carece el citado sector urbanístico pese a las «derramas millonarias» pagadas por los propietarios.

Rosa Bayot, una de las portavoces de la plataforma de propietarios constituida en torno al conflictivo Sector F de Almensilla, ha explicado a las puertas de la Diputación que a su juicio, el tesorero de la junta de compensación de este desarrollo urbanístico, Julio Mateos Palacios, huido tras confesar que se había apropiado de dinero perteneciente a la organización, «no se ha llevado cuatro millones de euros al Caribe», dado que «desde 2009» las cuentas de la junta de compensación habrían sufrido una extracción «constante» e incontrolada de cuantías, pese a que «el Ayuntamiento es parte de la junta de compensación y cuenta con un representante en la junta de delegados, encargado de fiscalizarlo todo».

Según ha manifestado, los aproximadamente 600 propietarios del Sector F de Almensilla han pagado«derramas millonarias» para que la urbanización cuente con todas sus dotaciones, pero a día de hoy, «no hay alcantarillado, tenemos pozos ciegos para las aguas residuales, el agua la tenemos que comprar embotellada, hay cableado de la iluminación tendido en mitad de los caminos y las bocas de desagüe están abiertas». «Aquello está abandonado, con robos a diario, pese a las ingentes cantidades que hemos pagado», ha advertido.

En ese sentido, ha expuesto que los propietarios del Sector F habrían aportado fondos por valor de «12 millones de euros» para dotar de servicios e infraestructuras a la urbanización, en el caso «de que todo el mundo hubiese pagado», dado que este colectivo advierte de que la cúpula de la junta de compensación tampoco estaría informando de las cuantías aportadas por cada uno de los propietarios.

Piden que dimita la alcaldesa

«¡Agripina dimisión!», gritaban los manifestantes, mientras Rosa Bayot exponía que los propietarios «más reivindicativos» vienen «avisando desde 2009 de que faltaba dinero en esas cuentas, pero el Ayuntamiento ha hecho caso omiso y no ha hecho absolutamente nada», pese a su obligación de «fiscalizar» el devenir de la junta de compensación del Sector F. «Hemos pagado derramas millonarias, el dinero ha desaparecido y el Ayuntamiento no ha hecho nada», ha clamado Rosa, quien recuerda que en la causa incoada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Coria del Río acerca de la gestión de los fondos del Sector F «hay imputadas 13 personas», principalmente miembros de la junta de compensación como dos exalcaldes de Almensilla, así como «el auditor» que tenía encomendada la revisión de las cuentas.

Entretanto, y según informaban a Europa Press fuentes del caso, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Coria, que indaga el presunto desfalco de varios millones de euros de las cuentas de la junta de compensación del Sector F de Almensilla, dictaba recientemente una orden internacional de búsqueda y detención contra el tesorero de dicha junta de compensación, Julio Mateos Palacios, fugado tras confesar por correo electrónico que se había apropiado de dinero perteneciente a la organización.

Merced a los citados acontecimientos, el Juzgado resolvió la imputación o investigación del citado tesorero de la junta de compensación, Julio Mateos; el presidente de la misma, Francisco C.M.; el secretario, Juan Carlos A.H.; el exalcalde de Alemensilla José Carlos López (IU-CA); el exalcalde socialista Carlos Ufano; el exconcejal socialista Ismael Antonio P.F.; Jorge H.O.; Antonio G.S.; Mariano G.R.; Antonio B.R. y José L.M.

Posteriormente, el juzgado acordó ampliar las imputaciones a una persona más identificada como Rafael R.N. y a la propia junta de compensación como persona jurídica, atribuyéndoles en todos los casos un presunto delito de apropiación indebida.