La Fiscalía de Sevilla abre diligencias por la política de Personal del Ayuntamiento de Alcalá
CSIF ha denuncia un plan preconcebido para impedir a la ciudadanía el acceso al empleo público estable
La Fiscalía de Sevilla ha abierto diligencias de investigació n penal al Ayuntamiento de Alcalá por la política de personal desarrollada por la administración local en los últimos 20 años. El sindicado CSIF denunció el pasado mes de junio la situación de la plantilla municipal y la actuación en materia de personal de los gobiernos socialistas desde 1997.
Este sindicato considera que en esta materia se ha llevado a cabo un plan «preconcebido y sustentado en el tiempo de concatenados actos arbitrarios y de conductas omisivas contrarias al orden, a la estabilidad y al buen gobierno », por lo que su denuncia parte de la premisa de que las alcaldías socialistas de Gutiérrez Limones y de Ana Isabel Jiménez han impedido a la ciudadanía el acceso al empleo público estable durante décadas en el Ayuntamiento.
La finalidad de ese plan sería la de confeccionar la plantilla municipal sin seguir el procedimiento de selección mediante la libre concurrencia al empleo público. De esta forma los sucesivos gobierno han tenido margen para contratar al personal que han querido sin que tuvieran que someterse a un proceso selectivo y la consecuencia, según el sindicato es la situación caótica de la plantilla municipal y el deterioro de los servicios que el Ayuntamiento presta a los ciudadanos.
Hay datos que resultan reveladores sobre la falta de una política ordenada en materia de personal. La tasa de tasa de empleos temporales es del 35 por ciento del total de 452 empleados municipales, cuando la legislación actual pide que se reduzca al 8 por ciento. El número de plazas vacantes actualmente es de 188. Se trata, en su mayoría de plazas que deberían ser fijas y que están cubiertas por empleados temporales, pero también hay alrededor de 30 plazas que no tienen trabajador asignado, principalmente porque tras la jubilación del empleado correspondiente no se ha repuesto.
Según explica CSIF, la principal herramienta de los gobiernos socialistas para bloquear el acceso libre a los puestos municipales es la falta de convocatoria de las ofertas de empleo público para las plazas de acceso libre. Durante los gobiernos de Limones, de 1995 a 2008, se dejaron caducar 11 ofertas de empleo. Llegaron a aprobarse y a publicarse, pero nunca llegó a convocarse el proceso selectivo. Para muchas personas esto supuso una frustración en sus expectativas y la pérdida de tiempo en la preparación de unas pruebas selectivas que nunca llegaron a realizarse. También con Limones, de 2009 a 2016, ya ni siquiera llegaron a aprobarse las ofertas de empleo público. Ni siquiera se cubrían las plazas que iban quedando vacantes.
Con la actual alcaldesa, Ana Isabel Jiménez se mantiene la tasa de temporalidad y tampoco se han aprobado las ofertas de empleo de los años 2017 y 20178 que tanto sindicatos como oposición le han reclamado en varias ocasiones. Además desde CSIF la acusan de «incumplir deliberadamente las resoluciones judiciales que exigían la inclusión de plazas de personal indefinido no fijo en la no aprobada oferta de empleo de 2017 para sus coberturas definitivas».
El resultado, así lo indica el texto de una moción aprobada en Pleno por todos los grupos políticos en la que se instaba a resolver los problemas en materia de personal del Ayuntamiento es que existen puestos de trabajo de carácter permanente cubiertos por personal laboral temporal; se encomienda a personal laboral temporal funciones legalmente reservadas a personal funcionario y en general existen un «tremendo maremágnum» en los servicios municipales
Para CSIF, la plantilla de empleados municipales ha sido configurada «a golpe de impulsos, de sentencias judiciales y no de ofertas de empleo público anuales que vinieran precedidas de estudios indicativos de lo que realmente necesitaba la organización». Esto supone, indican, la vulneración de los principios de independencia e imparcialidad y que la plantilla no tenga la posibilidad de acceder a la cobertura reglamentaria de las plazas en los casos de personal temporal no consolidado o de aspirar a la promoción interna en el caso de los funcionarios.
