PROCESADOS. Los siete procesados por el caso Sanlúcar en una sesión del juicio.
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El silencio del 'caso Sanlúcar'

El juicio por el intento de compra del voto de un concejal afronta la semana de conclusiones y se desarrolla sin cruce de acusaciones entre PP y PSOE

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La polvareda que hace siete años levantara el caso Sanlúcar parece disiparse en el juicio que en estos días sienta a todos sus protagonistas en el banquillo. Ni el partido beneficiario, el PP, hoy en la alcaldía con mayoría absoluta, ni el partido perjudicado, el PSOE, que asume su segunda legislatura en la oposición, han cruzado diatribas en un sentido u otro. Un silencio respetuoso con el procedimiento judicial que podría tornarse en discusión política tras la sentencia que dirima la culpabilidad o inocencia de quienes urdieron o fueron víctimas de una encerrona fallida, y devolver al caso el relieve de antaño.

Esta posibilidad es bastante certera, porque este escándalo que se producía como último coletazo de la cultura del pelotazo y de la corrupción extendida durante los gobiernos socialistas de la década de los noventa, es visto desde el PP como una trama que va más allá del montaje que fraguaran dos socialistas de Sanlúcar, uno de ellos, el propio alcalde, Agustín Cuevas, y otro regidor más, el de Chipiona, Luis Mario Aparcero, que les socorrió en su pretensión de perpetuarse al frente del Consistorio sanluqueño y anular una moción de censura. Y es que el presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, sostiene que existen responsabilidades «más altas» dentro de las filas socialistas, y está dispuesto en que se llegue hasta el final.

No obstante, el juicio aún no ha terminado. Quedan sólo por oirse las conclusiones finales de fiscalía y abogados de la defensa y la acusación, pero la fase de los testimonios acaba de concluir. Y ésta ha arrojado intensas declaraciones, tanto en número, -pasaron por el estrado una veintena de testigos y son siete los procesados- como en contenido -declaraciones de los máximos dirigentes del PP de aquella época, como el propio Sanz, la ex presidenta provincial, María José García Pelayo, o su homólogo del PSOE, Francisco Vázquez Cañas-.

Operación de compra

El caso Sanlúcar se destapó el 18 octubre de 1999. El concejal popular Manuel Ramírez, Cunete, denunciaba que desde el PSOE se había intentado comprar su voto en contra de la moción de censura planteada por PP y PA en el consistorio sanluqueño. Como artífices de esta operación señaló al secretario local del PSOE sanluqueño, Rafael García Raposo, al alcalde, Agustín Cuevas, y al alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, que le ofrecieron 50 millones de pesetas -aportados por tres empresarios, también procesados-, un puesto de trabajo en el ayuntamiento chipionero y dos billetes de avión a Lisboa para que se ausentase del pleno el día de la moción.

La operación fue admitida por denunciante y denunciados, pero con matices muy distintos. Cunete reconoció aceptar la invitación para luego poner en evidencia la catadura política de quienes entonces gobernaban. Cuevas y García Raposo esgrimieron la teoría del «cazador cazado», por la que Cunete era quien se ofrecía al soborno, ellos aceptaban y luego lo denunciaban, poniendo sobre la mesa la calaña de quienes pretendían gobernar. Pero Cunete se les anticipó.

Fuera como fuere, el PSOE fue el partido más perjudicado. El PP respaldó sin fisuras y sin ningún género de duda a Cunete, y logró la alcaldía de Sanlúcar. Mientras la imagen del PSOE, supuestamente ignorante de toda la operación -algo corroborado por García Raposo y Cuevas- quedaba dañada, a pesar que de inmediato y a las horas de hacerse público el escándalo tomase medidas: poner en la calle a García Raposo y Cuevas, y un año después, a Aparcero. Un daño que han seguido arrastrando, porque el caso Sanlúcar se ha convertido en uno de los argumentos más utilizados por el PP para su ataque permanente al PSOE desde entonces. LUIS MARIO APARCERO

Ex alcalde de Chipiona

Una trampa en su carrera

Aparcero participa firmando un supuesto contrato en blanco para que Cunete trabajase en la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Chipiona. Asegura que el papel con su firma y sello oficial pudo ser un documento que le fuera sustraído. Niega haber estado presente en la reunión el camping con Cuevas, García Raposo y Cunete en la que se cerró la compra del voto. Cree que todo es una trampa para poner fin a su carrera política. La fiscalía pide un año y diez meses de cárcel. AGUSTÍN CUEVAS

Ex alcalde de Sanlúcar

La connivencia del alcalde

El entonces alcalde de Sanlúcar, Agustín Cuevas, participa supuestamente dando el visto bueno a la operación, y se reúne con Cunete, García Raposo y el alcalde de Chipiona para cerrar el trato en un camping de este último municipio. Cuevas niega este extremo y sostiene lo mismo que García Raposo: Cunete les invitó a sobornarle. Reconoce que nunca informó a la Ejecutiva Provincial del PSOE. La fiscalía pide dos años y siete meses de prisión por cohecho y tráfico de influencias. RAFAEL GARCÍA RAPOSO

Ex secretario local del PSOE de Sanlúcar

El cazador cazado

Es quien, al parecer, negocia con Cunete, el pago de 50 millones de pesetas, dos billetes de avión y un puesto de trabajo para que vote en contra de la moción de censura planteada por PP y PA en el Consistorio sanluqueño. Defiende que es Cunete quien le hace la propuesta y se le sigue el juego para luego denunciarle. Pero éste se les adelanta y les denuncia. García Raposo se convierte en un «cazador cazado». Se le acusa de tráfico de influencias y se piden dos años y un mes de prisión. MANUEL RAMÍREZ, 'CUNETE'

Ex concejal del PP de Sanlúcar

Víctima o verdugo

Manuel Ramírez, Cunete, tiene dos papeles asignados en esta trama: fue quien indujo al PSOE a que le sobornara y frenar con su voto en contra la moción de PP y PA en el Ayuntamiento de Sanlúcar, o fue el PSOE quien le hizo esta proposición, a la que él accedió para reunir pruebas y luego denunciarles. Lo que sí es cierto es que fue él quien denunció primero e hizo público el caso. La fiscalía no pide nada para él. La acusación particular de García Raposo pide dos años y medio de prisión.