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El PP cree que el sobreseído 'caso del Campo de las Balas' se mantuvo por "criterios políticos"

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El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, José Loaiza (PP), valoró hoy positivamente el sobreseimiento del 'caso del Campo de las Balas' -el derrumbe en 2004 de parte de la antigua Escuela de Aplicación y Tiro de la capital gaditana en el que falleció un menor y resultaron heridos dos más-, asegurando que "se ha mantenido por parte de la acusación particular por criterios políticos".

En rueda de prensa, Loaiza aseguró que estaban "muy tranquilos" porque desde que ocurrieron los hechos actuaron "con total claridad, sin oscurantismos, y, al final, aunque tarde, hemos obtenido respuesta" en referencia a la decisión, adelantada hoy por el periódico 'El Mundo', del juzgado de instrucción número uno de Cádiz de sobreseer un caso en el que estaban imputados el edil de Patrimonio y Hacienda del Consistorio gaditano y senador, José Blas Fernández (PP), y el secretario general de la Corporación, Antonio Ortiz.

El edil recordó que los informes periciales del Ayuntamiento indicaban que "no había problemas estructurales, que el derrumbe se debió a agentes externos" e incluso el Tribunal Supremo "no vio indicios de delito, llegando a reprender por ello al juzgado de Cádiz". Fernández, quien llegó a declarar en calidad de imputado como presunto autor responsable de un delito de homicidio por imprudencia grave, elevó el caso al Supremo por su condición de aforado.

Ahora, en los fundamentos jurídicos del auto de sobreseimiento se destaca que, tanto el informe de ingeniería y control de calidad -a cargo de la empresa Vorsevi-, como en el proyecto de ejecución y demolición de la edificación -realizado casi poco más de un mes antes del derrumbe-, informan de que el estado de los elementos estructurales no justifican el suceso y el actual estado de conservación del edificio es "aparentemente bueno", sin que se aprecie un "estado de ruina".

El 'caso del Campo de Balas' provocó la celebración de dos plenos extraordinarios, uno solicitado por el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rafael Román, y otro para reprobarlo por su conducta. De hecho, José Loaiza, consideró que todo está asunto "se ha mantenido por motivos políticos y no para favorecer a la familia del fallecido", sobre la que le consta que la compañía de seguros le ofreció una "acuerdo bastante favorable, pero sólo si el caso se cerraba antes de final de 2005 y ya no es así".