Confianza unitaria

La reunión entre el presidente Zapatero y el líder del PP, Mariano Rajoy, mostró ayer la imagen que la sociedad española necesita para encarar lo que se anuncia como el posible final de ETA. En la medida en que el Gobierno represente la posición más comprometida y entusiasta respecto al inmediato comienzo de un proceso de paz, parece conveniente que la oposición exprese un mayor grado de escepticismo. Lo que resultaba insoportable era el nivel de crispación al que se había llegado. El período que ahora se inicia se anuncia lleno de dificultades. Además, es de suponer que se tratará de una etapa prolongada que, en cuanto a su fase más crucial, abarcará cuanto menos ésta y la próxima legislatura. También por eso PSOE y PP están obligados a establecer un paréntesis de confianza en cuanto a la gestión gubernamental del «alto el fuego permanente» de ETA.

El optimismo mostrado durante meses por el presidente se vio confirmado el pasado miércoles con el anuncio del alto el fuego. Es indudable que dicha confianza se basaba en el desarrollo de contactos directos e indirectos que La Moncloa ha mantenido en la más absoluta reserva. Pero si Zapatero decidió prescindir del PP para asegurarse así una gestión blindada de su iniciativa, está claro que se le hará imposible dar los siguientes pasos sin establecer un canal de comunicación permanente con el partido de Rajoy. En este sentido, el hecho de que el presidente haya asegurado que no ha sellado compromiso alguno con ETA ha de servir para borrar la recelosa mirada con la que hasta la fecha el PP viene contemplando la iniciativa del presidente. Para ello sería conveniente que la verificación del «alto el fuego» fuese más allá de lo inmediato.

La necesaria separación entre las eventuales conversaciones que pueda mantener el Gobierno con ETA y el diálogo político e institucional en Euskadi puede ser resumida en una condición precisa: que la definitiva desaparición del terrorismo no quede supeditada a los resultados que ofrezca el debate entre las formaciones legitimadas para ello en el seno de las instituciones. Aunque el diálogo entre las fuerzas políticas acabe empantanado en torno a un acuerdo imposible, el compromiso de los dos partidos y en general de todas las fuerzas democráticas deberá centrarse en asegurar el final de ETA. Ni el PSOE ni el PP deberían contemplar la relación entre el Pacto Antiterrorista y la declaración del Congreso como si fuesen incompatibles. Mientras la verificación del alto el fuego no llegue a una conclusión satisfactoria, la existencia del Pacto constituye un referente ineludible. Si tras el escueto comunicado anunciando su «alto el fuego permanente» se le ocurre a ETA irrumpir verbalmente en el escenario político poniendo condiciones y exigencias para que su inactividad continúe, PSOE y PP podrán replicar al unísono que «del terrorismo no se extraerá ventaja o rédito político alguno». Pero si se demuestra «una clara voluntad para poner fin» al terrorismo por parte de ETA, sería lógico que el Partido Popular acabara «apoyando procesos de diálogo -cuestiones políticas excluidas- entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia».