EE UU desafía a la comunidad internacional al rechazar el cierre de la prisión de Guantánamo

La Casa Blanca desafió ayer a la comunidad internacional al advertir que no habrá ningún cambio en la infame prisión de Guantánamo, de la que ayer se pidió su «cierre inmediato» en un informe independiente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, presentado en Ginebra y secundado unánimemente por todos los grupos del Parlamento Europeo.

El portavoz de la Casa Blanca Scott McClellan descalificó el informe que cinco prestigiosos relatores de la ONU han elaborado a lo largo de 18 meses, refiriéndose a él como «un refrito» de acusaciones pasadas realizadas por los abogados de algunos de los detenidos en Guantánamo. «Nosotros sabemos que los detenidos de Al Qaeda están entrenados para diseminar falsas acusaciones», se defendió.

McClellan hizo hincapié en que los más de 500 detenidos indefinidamente en Guantánamo, de los que sólo se han presentado cargos contra diez, «son terroristas peligrosos», justificó. «Ya hemos hablado antes de este tema y nada ha cambiado en cuanto a nuestro punto de vista», zanjó.

El equipo que ha presentado el devastador informe contra la prisión está formado por el relator contra la tortura, Manfred Nowak; el relator sobre el derecho a la Salud Física y Mental, Paul Hunt; la relatora sobre detenciones Arbitrarias, Lelia Zerrougui; el relator sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Leandro Depouy; y el relator sobre la Libertad de Religión, Asma Jahangir.

Después del 11-S

Estos cinco relatores de la ONU habían seguido independientemente el tema de la prisión establecida en la base naval de la isla cubana desde que se empezase a utilizar para este fin pocos meses después de los ataques del 11-S de 2001, pero en junio de 2004 fueron elegidos por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para trabajar juntos en este informe.

Dado que Estados Unidos no les ha permitido entrevistarse con los detenidos, el equipo ha tenido que recurrir a entrevistas con sus abogados y los presos liberados que residen ahora en España, Francia y Reino Unido. Basándose en sus testimonios, así como en fotografías, informes de ONG, filtraciones recogidas en la prensa, material oficial desclasificado y las respuestas del Gobierno americano a sus preguntas, los relatores han concluido que en Guantánamo se practican abusos «equivalentes a la tortura», y muestran su preocupación por lo que llaman el intento de EE UU de «redefinir» la naturaleza de la tortura para poder encajar ciertas técnicas de interrogatorio.

Entre ellos citan el encadenamiento de los detenidos, el uso de capuchas y golpes, la violencia durante el transporte, la alimentación forzosa con tubos para acabar su huelga de hambre así como técnicas de interrogatorio que causan «sufrimiento extremo», como la exposición a temperaturas sumamente bajas, el desnudo, los perros, el aislamiento prolongado o impedir que duerman durante varios días consecutivos.

Eso, sin contar con el hecho más básico, que se priva a los detenidos a defenderse de los cargos, en su mayoría sin emitir, en un tribunal neutro y justo. En los pocos casos en que se les celebra un proceso judicial, los relatores recuerdan que la Casa Blanca «opera como juez, fiscal y abogado defensor, lo que constituye una violación del derecho a un proceso justo».

Por todo ello, el informe pide al Gobierno norteamericano que cierre las instalaciones «sin más dilación» para que permita a los detenidos defenderse ante un tribunal «competente e independiente» o «los ponga en libertad si no se sostienen las acusaciones contra ellos». Entre tanto, se recomienda al Pentágono que deje de practicar las técnicas de interrogatorio que violan la legalidad internacional.

En lo que respecta a las condiciones del cautiverio, «en particular la incierta duración de la detención y el confinamiento en solitario prolongado», constituyen un «trato inhumano», así como una violación del derecho a la salud y del derecho de los prisioneros «a ser tratados con humanidad y respeto a la inherente dignidad de la persona humana».

Por otra parte, «la práctica de la entrega de personas a países donde corren sustancial riesgo de tortura» viola el artículo tres de la Convención contra la Tortura. Asimismo, la falta de investigaciones imparciales sobre supuestos casos de torturas y malos tratos, «con el resultado de la impunidad para los perpetradores», viola los artículos 12 y 13 de la Convención contra la Tortura.

El silencio

Pese a que el informe fue filtrado el lunes pasado por el diario Los Angeles Times, el portavoz del secretario general de la ONU se negó ayer a pronunciarse sobre él, alegando que Annan «todavía no lo ha leído». Stephane Dujarric adelantó que el secretario general se lavará las manos, al insistir en que los cinco relatores han trabajado de forma independiente y ni siquiera fueron asignados por él. «No es su tarea apoyar o descalificar el informe», dijo en conferencia de prensa. En quien recae esta labor es en los 50 países que componen el Consejo de Derechos Humanos, ante los que se presentará el informe de 54 páginas el próximo 13 de marzo.