CÁDIZ

La Junta dice que no aprobará el diseño municipal de plaza Sevilla aunque el Ayuntamiento expropie

Ultimátum de la alcaldesa para que se desbloquee el proyecto en mes y medio o se quedará con el suelo de Renfe Obras Públicas reitera que el plan no se ajusta al PGOU

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La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, volvió a amenazar con expropiar los terrenos de la plaza Sevilla si la Junta no aprueba el diseño previsto por el Ayuntamiento que incluye la construcción de más de un centenar de viviendas, entre otros equipamientos. En una rueda de prensa convocada de manera urgente ayer, la edil del PP dio al Gobierno regional un plazo de mes y medio para sacar adelante el diseño municipal y en caso contrario, dijo, «se iniciará el expediente de expropiación». «Ya lo hice en los terrenos de Astilleros», recordó Martínez, quien no obstante se mostró dispuesta a negociar con el Ejecutivo de Chaves.

La alcaldesa acusó directamente al secretario local del PSOE, Rafael Pérez Peralta, de «tratar de convencer a la Junta para que perjudique al Ayuntamiento de Cádiz».

Pero la Junta, al margen de quién sea el propietario de estos terrenos, se ha mostrado inflexible y asegura que «nosotros no entramos a valorar quién lo va a hacer, si Renfe o el Ayuntamiento, sino cómo lo va a hacer», dijo el delegado provincial de Obras Públicas, Pablo Lorenzo. En este sentido, reiteró que la Junta no está de acuerdo con la modificación puntual que presentó el Ayuntamiento «porque no se ajusta a las características del Plan General de Ordenación Urbana de Cádiz». Para Lorenzo, el Ayuntamiento quiso en el caso de la plaza Sevilla «extraer del sistema general ferroviario una pastilla para convertirlo en residencial».

A pesar de este rifirrafe, la alcaldesa puntualizó que «si hay que renunciar a las viviendas, se renuncia», pero por otra parte argumentó que si lleva adelante la expropiación de los terrenos, el Ayuntamiento ejecutará lo que había proyectado.

Teófila Martínez asegura que el diseño de los terrenos anexos a Renfe en Málaga es prácticamente similar a los de Cádiz y «ahí sí se permitió hacer viviendas». Para Lorenzo, la explicación es que «cada ciudad tiene sus singularidades» y las alegaciones de la Junta en este caso son «puramente técnicas». El delegado niega que se trate de una «persecución política» y añade que «la Junta no entra en planificar el desarrollo de ninguna ciudad».