Apunte

La peor imagen de un alcalde

El regidor gaditano se sienta en el banquillo por las acusaciones que hizo tras la crisis del agua en Loreto

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Todo no vale en política. Las graves acusaciones que hizo el alcalde de Cádiz, José María González, y varios miembros de su gabinete contra concejales del PP a raíz de la crisis del agua en el barrio de Loreto les han llevado al banquillo. Kichi aprovechó una asamblea informativa con los vecinos en el año 2016, ya como regidor de Cádiz, para acusar directamente al gobierno del PP de permitir el consumo de agua en el barrio «a sabiendas» de que estaba contaminada. Los hechos se remontan a octubre de 2014 cuando se detectaron problemas en las tuberías de suministro de agua potable en el barrio.

El Ayuntamiento clausuró el servicio, analizó el agua y limpió la red, lo que provocó un corte en el suministro que duró unas dos semanas. El barrio se abasteció durante ese tiempo con camiones cisterna. La afirmación del alcalde contra el PP, como defiende la Fiscalía y la propia defensa del regidor, es un dardo político contra la anterior alcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez, dentro del lenguaje y la refriega política, pero esta incontinencia verbal no puede salir gratis. El alcalde, su jefe de Gabinete, José Vicente Barcia, y el exconcejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, utilizaron la crisis del barrio de Loreto como arma política contra el PP con el único fin de sacar un rédito político. Es obvio que el equipo de Gobierno popular actuó cortando el suministro una vez que los informes técnicos se pusieron sobre la mesa y advirtieron del riesgo. Esta situación de confrontación ha llevado al actual alcalde de la ciudad, a su jefe de Gabinete y al exresponsable de Medio Ambiente a sentarse en el banquillo de los acusados exportando así una de las peores imágenes que un gestor público puede ofrecer. El PP se propuso desde el primer momento que esta acusación tendría una repercusión penal. Así ha sido.

La acusación particular -realizada por el PP- ha solicitado penas de 24 y 14 meses de multa para los acusados por un presunto delito continuado de calumnias con publicidad y otro de injurias con publicidad. José María González insiste en que «el PP está obstinado en judicializar la vida política». El alcalde sabe que con este tipo de acciones lo único que se busca es aclarar quién dice la verdad y, desde luego, la acusación que hizo en aquella asamblea vecinal no fue muy acertada.

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