Patrimonio abandonado

Ayuntamiento y Junta, tantas veces enfrentados, coinciden en dar de lado centros y yacimientos históricos y arqueológicos

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La relación entre el Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía ha sido un romance de amor y odio que dura ya más de 20 años pero resulta llamativa la larga lista de incumplimientos que comparten con la ciudad. El color político ha definido, en cierto modo, este noviazgo entre administraciones públicas que, pese a todo, están obligadas a entenderse. El Gobierno regional, en manos del PSOE, mantuvo sus diferencias con el consistorio gaditano desde que Teófila Martínez, del PP, asumió el poder en 1995 y acabó con la hegemonía socialista de Carlos Díaz. Desde entonces, fue muy difícil, más bien imposible, mantener una relación de cordialidad para poder sacar adelante los principales proyectos de ciudad que implican la unidad de acción entre ambas administraciones. Los gobiernos de Manuel Chaves o José Antonio Griñán y, después, de Susana Díaz mantuvieron en jaque a Teófila Martínez durante su mandato. Esa relación de tensión y bloqueo se prolongó incluso durante los dos primeros años con José María González Santos en el cargo. Sólo durante el último de los tres cursos del alcalde en el cargo se ha suavizado ese desencuentro, hasta propiciarse algo parecido a una alianza, a una colaboración. En el currículo de proyectos fallidos de la Junta de Andalucía se encuentra el futuro de la residencia Tiempo Libre, el nuevo hospital, la rehabilitación integral del castillo de San Sebastián, la reforma del castillo de Santa Catalina, la ciudad de la Justicia o el retraso que acumuló la obra del Teatro Romano, entre otros.

Precisamente en este último apartado, el del patrimonio histórico, arqueológico y cultural es donde ambas administraciones coinciden más a la hora de incumplir, de olvidar inversiones, esfuerzos e imaginación para mantener espacios abiertos, para difundir sus atractivos, para propiciar siquiera la visita turística. El tiempo pasa y los gestores políticos cambian, sin embargo, el problema de fondo en el trato al patrimonio histórico se mantiene sin una solución a corto plazo. Las diferencias entre la administración regional y la local apenas son visibles en este caso. En este apartado no se trata de que aprendan a trabajar juntas en proyectos comunes. Se trata, simplemente, de que se pongan a trabajar.