EL APUNTE
El odio hecho política
El acoso y el insulto son, por su naturaleza, incompatibles con la política y la justicia
Casi todo es cuestión de límites y grados, de dosis. Es lo que distingue –por ejemplo– la medicina de la droga y el veneno. La cantidad. En la ciudad de Cádiz –más que en otros lugares aunque no es el único lugar– el debate político sufre una sobredosis de ira, de inquina, hace tiempo. El comienzo habría que fijarlo en los inicios de esta década. El descontento ciudadano por los efectos de la recesión económica, cuando se disparó el paro, cayeron los ingresos familiares y el sacrosanto consumo se convirtió en un dolor de cabeza general pudo marcar el inicio. Se mezcló con un hartazgo hacia un Gobierno local que, con aciertos y errores, acumulaba más de 15 años en el mismo lugar. Una nueva forma de hacer política, teóricamente popular o populista, azuzó ese malestar tan justificado contra los representantes públicos y ahí llegó el error, la inyección de odio que empezó a provocar incidentes y episodios que todos recordamos, en plenos, en declaraciones, en los juzgados, los escraches, la última ceremonia de toma de posesión...
La decisión política concreta que estaba detrás de cada suceso es instrascendente o, al menos, secundaria. Da igual que fuera un relevo en la Alcaldía, o una posible negligencia en la gestión, o un presupuesto que aprobar. Como si es un concejal –Ignacio Romaní, en este caso– que pudo cometer irregularidades o delitos, que pudo usar dinero público en su beneficio, para obtener un título. En todos los casos, sin excepción, debe producirse un debate (un juicio no deja de ser la más importante de sus modalidades) para aclarar responsabilidades. Sin violar nunca la presunción de inocencia, sólo cuando haya pruebas, cuando quede demostrado, se deben tomar las decisiones oportunas. Que haya dimisiones, destituciones, reprobaciones o sentencias, condenas o reproche público. Pero siempre por ese orden y, siempre, sin violencia. El insulto, la pintada, el hostigamiento, la demostración de «sabemos dónde vives», los acosos en la vía pública o los intolerables ataques a los familiares entran de lleno en la categoría de la violencia que la política, por definición, debe desterrar. No es la primera vez. Aquel «vas a necesitar escolta», dirigido al portavoz del PSOE, Fran González por dos partidarios del Gobierno local que estaban en el Salón de Plenos tienen la misma naturaleza violenta. Marcan la frontera, la sobredosis de sectarismo y rabia que jamás debe cruzarse. Los que por señalar o convocar, quizás sin intención de provocar violencia, facilitan con temeridad que aparezca esta vergüenza también deben hacer una reflexión urgente.
