Nación e identidad

El nacionalismo separatista catalán ha construido su «enemigo» desde época inmemorial y ha perseguido desde entonces un sueño: la independencia. La Constitución consagra el principio de la unidad en la diversidad, el mismo principio que inspira el proyecto de construcción europea. La diversidad no la diferencia, es elemento determinante de la cohesión. El problema se plantea cuando la diversidad se trasforma en diferencias insalvables. Ayer, 11 de septiembre cayeron las Torres Gemelas y se celebra la Diada catalana. La estructura jurídica del Estado en cuyo vértice se encuentra la Constitución, resistirá el embate que pretende su destrucción antes de junio de 2017. En nuestro sistema jurídico, cuyo artífice intelectual fue Kelsen, el Derecho tiene un orden jerárquico preestablecido. Una norma de derecho se ha producido correctamente, siempre que en su procedimiento de producción se haya llevado a cabo de conformidad con otra anterior que la habilita.

En nuestro sistema autonómico, existe un doble nivel de ordenamientos, requiriendo que la producción legislativa sea realizada por quien tenga la competencia en cada momento. La norma que reconoce la competencia es la Constitución. Habría que reformarla para modificar el ámbito competencial y para modificar el sujeto de la soberanía. Las normas que emanan del Parlamento catalán referidas al proceso de desconexión, no tienen fundamento constitucional. En consecuencia, dichas normas serán ilegales e ilegitimas. Siguiendo la doctrina de Kelsen, hemos indicado que el procedimiento de producción legislativa, exige que se haya llevado a cabo de conformidad con otra anterior que la habilita. Es decir, la supuesta Constitución catalana y las tres leyes de desconexión con el Estado (Transitoriedad jurídica, Hacienda Pública y Seguridad Social) tendrían que derivar de una norma que lo habiliten, cosa que evidentemente no existe. Es decir, el Parlamento catalán no tiene facultades reconocidas legal, estatutaria y constitucionalmente para aprobarlas. Además, todas ellas derivan de una resolución declarada nula por el Tribunal Constitucional.

Una gran parte del problema radica en la inmadurez y estupidez en grado supino mostrada por el anterior presidente Rodríguez Zapatero, con la cuestión catalana y el estatuto catalán aprobado durante se presidencia. El tercer componente del Estado moderno es la nación. Podemos definirla como pueblo dentro de un territorio, que constituye una comunidad basada en la ciudadanía y una comunidad de sentimientos. Un rasgo único del Estado moderno es la fusión del Estado y la nación. Dichos componentes se hicieron especialmente intensos a mediados del siglo XX, a causa de la II Guerra Mundial. Pero, pronto se produjeron desafíos a la comunidad de ciudadanos, ya que los derechos no eran garantizados exclusivamente por el Estado soberano. En ciertos ámbitos internacionales de naturaleza regionales, la interacción y la estrecha cooperación entre Estados, ha llevado a establecer derecho comunes para ciudadanos de distintos países. El ejemplo más claro es la UE. También han surgido desafíos a la comunidad de sentimientos. Todos ellos relacionados con conflictos intra nacionales y procesos de construcción nacional que nunca tuvieron éxito. Pero, la nación es un concepto eminentemente jurídico, que es expresión de la soberanía nacional. Mientras que el de pueblo, adquiere una dimensión distinta, en ningún caso es expresión de la soberanía. Tampoco podemos hablar de nación de naciones. Los dos casos existentes son Gran Bretaña y la extinta URSS. No siendo pues el pueblo catalán sujeto de la soberanía, el Parlamento catalán no es depositario de ella y su pretensión de aprehenderla hace que se declare en rebeldía, dando un auténtico golpe de Estado.