«¡No es esto, no es esto!»

No obstante, a pesar de que, finalmente, la negociación no llegara a buen puerto, en esas dos ocasiones señaladas contábamos con personas de talante conciliador al frente del Ministerio. Primero con Ángel Gabilondo, al que ahora algunos denostan como líder de la oposición en Madrid, por carecer de la mezquindad necesaria para masacrar política y personalmente a Isabel Díaz Ayuso. De manera más reciente Íñigo Méndez de Vigo como ministro y Fernando Benzo como Secretario de Estado. Personas con indudable capacidad de diálogo. En esta última ocasión, además, presidió la Subcomisión del tan ansiado "Pacto de Estado" una trabajadora incansable: Teófila Martínez. Sin embargo, una vez más, el pacto se diluyó. ¿Por qué? Lo de siempre: discrepancias ideológicas, tacticismo partidista y absurdas exigencias nacionalistas.

Son esas cuestiones y el afán que tiene, sobre todo, cierto sector "progresista" de utilizar la educación como factoría ideológica para fabricar futuros votantes, las eternas trabas que impiden cualquier tipo de acuerdo transversal en materia educativa.

Sin embargo, en esta ocasión, la ley propuesta por el Ejecutivo- con la ministra Celaá como cabeza visible - supone una ruptura con la metodología anterior basada en el diálogo. Es también un ataque directo a la principal baza que tenía a favor la LOMCE: la búsqueda de un sistema educativo exigente, eficiente y con capacidad de formar profesionales competentes en diferentes ámbitos.

Nuevamente, se pretende utilizar la educación como canal para imponer un modelo de sociedad en la que el mérito no tiene ningún tipo de valor. Un modelo que si pudiese, negaría cualquier tipo de decisión de los padres, que no contempla la diferencia y las necesidades especiales de algunos alumnos. Una ley que, en un alarde más de desconocimiento del funcionamiento de nuestro país, arrincona a la concertada y degrada a la asignatura de religión intentando sustituirla por otra materia en la que el Gobierno designa qué valores éticos y morales son socialmente aceptables y cuáles no. Una ley hecha por burócratas que pasa de puntillas por la cuestión fundamental: hacer que los docentes trabajen en un entorno el que se premie a quienes transmitan su conocimiento con rigor, respeto, vocación y empatía.

Reconocer al profesorado como "autoridad", tal y como ha propuesto recientemente el Gobierno andaluz, es el primer paso para construir una sociedad que valore adecuadamente esta profesión tan bella y necesaria. No obstante, dicen que “un gran poder conlleva una gran responsabilidad” por lo que habrá que contar con sistemas de detección para evitar que se produzcan - aunque sean aislados - abusos de autoridad.

Todo modelo educativo que prescinda del consenso, que pretenda imponer, primar la ideología frente al esfuerzo o que olvide a los docentes, seguirá perpetuando nuestro suspenso como país en esta materia. Por desgracia esta última reforma comete la mayoría de esos errores. Aplicando a la educación lo que plasmó Ortega en su célebre artículo "Un aldabonazo", refiriéndose al fracaso de la II República Española, una vez más, hay que decir aquello de: ¡No es esto, no es esto!