OPINIÓN
Más competencia para Navantia
La obra del tercer BAM evidencia como la empresa pública pierde su condición de proveedor preferente de la Armada
Navantia ha recibido un golpe bajo. El anuncio de construcción de un tercer Buque de Acción de Marítima (BAM) para la Armada ha destapado una situación hasta ahora inusual en los astilleros públicos. El Ministerio de Defensa confirmó el pasado martes las necesidades logísticas a corto plazo de nuestra Armada y, entre ellas, se encuentra la incorporación a la flota de un nuevo buque de apoyo y salvamento a los submarinos de la serie S80, cuya primera unidad entrará en servicio en el horizonte de 2022.
El Ministerio ha introducido una serie de cambios en la oferta de licitación de este proyecto naval que tiende a despojar a Navantia de la posición de ventaja que ha mantenido a lo largo de su historia en relación a los contratos que manaban de Defensa. La empresa pública gozaba hasta ahora de un privilegio que otras empresas privadas del sector naval no tenían. Navantia ha sido hasta la fecha el proveedor preferente de la Armada y todo apunta a que la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada en el Congreso el pasado octubre, acaba con esta condición de privilegio. El Ministerio ha dejado claro en su anuncio que el proyecto del tercer BAM se encuentra en fase de diseño y de recogida de ofertas, es decir, abrirá un concurso público de libre concurrencia para adjudicar la obra.
La medida es fruto de la adaptación de nuestra norma al ordenamiento europeo y se persigue con ello una mayor transparencia en la contratación pública. La medida se ha recibido con satisfacción en el ámbito privado, sin embargo, deja a Navantia en una situación muy complicada para poder garantizar con solvencia la carga de trabajo en sus factorías. De hecho, la plantilla del astillero de San Fernando, una de las plantas con menor actividad de Navantia, ha mostrado su decepción y preocupación, ya que obliga a la empresa a competir con otros astilleros para lograr un contrato público. Los trabajadores no entienden, por tanto, el discurso político tan benevolente que se ha difundido en los últimos meses sobre el futuro de Navantia y de su carga de trabajo.
Las posibilidades ahora de que esta empresa pública logre un contrato de la Armada son menores y, por tanto, aumenta de manera exponencial la incertidumbre sobre su mano de obra. La Junta pedirá explicaciones a Defensa y denuncia el sigilo con el que se ha llevado a cabo esta actuación.
