OPINIÓN

El fracaso del alquiler

Los números demuestran que el programa no responde a las expectativas vecinales

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Las dos formaciones políticas que forman el Gobierno municipal de Cádiz desde 2015 llegaron a este mandato con la bandera de la participación y la transparencia. El agotamiento del proyecto político encabezado por Teófila Martínez –tan recordado en estos días tras el anuncio de la retirada de la exalcaldesa de la política local– parecía reclamar un intenso cambio social derivado del 15M. Ese clima parecía convertir en obligatorio que todas las formaciones estuvieran más y mejor conectadas con la ciudadanía, a pesar del rechazo creciente que la política partidista despierta. El fino hilo que mantiene conectadas ambas partes es el único vínculo.

Por esa evidencia, resulta más llamativo que uno de los pilares de ese cambio político, el programa de alquiler social para familias desfavorecidas, desamparadas, haya resultado un sonoro fracaso. Apenas tres peticiones se han convertido en realidad en dos años, lo que parece un bagaje pírrico. Ese resultado está conectado con el desencanto de un nutrido grupo de vecinos que reiteradamente denuncia que no es consultado antes de tomar decisiones de este tipo, de contenido social. Hay que recordar que hace apenas dos años se aprobaba por unanimidad la ordenanza reguladora de las ayudas al programa de alquiler social. Es decir, todos los partidos la respaldaron y, por tanto, todos son responsables de su contenido en distinto grado. También de su decepcionante resultado.

A todos, por tanto, cabe reprocharles que los números demuestren que ese plan está mal diseñado, mal dirigido, más aplicado. A todos debe preocupar que un notable grupo de vecinos dijera en su momento que no se ha contado con la opinión de las entidades a la hora de elaborar esta ordenanza. Especialmente llamativo resulta cuando la finalidad principal es favorecer el alquiler de viviendas en Cádiz, tanto para que las personas más vulnerables de la ciudad puedan tener un techo como para que los propietarios puedan rentabilizar sus inmuebles con garantías de cobro y mantenimiento. Se trata de una ordenanza en la que aparecen implicados cientos de ciudadanos pero que sólo ha prestado cobertura a una decena. Es obvio que algo no cuadra entre la demanda de los más necesitados y los criterios políticos de las delegaciones de Asuntos Sociales y Vivienda.