Fobia a la concertada
El Ayuntamiento de Cádiz usa cada excusa menor para señalar a miles de familias
En cada oportunidad que tiene, el Ayuntamiento de Cádiz gusta de exhibir su fobia por la educación religiosa disfrazada de apoyo a la educación pública, una vez al año. No se cansa de agitar el interminable debate entre la enseñanza pública –laica, sobre todo– y la privada, que suele contar con matices cristianos en esta parte del mundo. Aunque ambas opciones son tan legítimas como válidas, aunque llevan décadas conviviendo en razonable armonía, el equipo de Gobierno de la ciudad de Cádiz aprovecha cada ocasión para tratar de meter astillas, palos en las ruedas. La última y pueril excusa es organizar unos juegos deportivos infantiles pero sólo para los 14 colegios públicos de Cádiz. Al parecer, los niños matriculados en centros concertados han debido cometer un terrible pecado y se les castiga con la exclusión. Un Ayuntamiento debería ofrecer excusas para el deporte regular y la vida sana a todos los niños de su ciudad, sin exclusiones, para que puedan acceder cuantos más, mejor, sin discriminaciones.
En realidad, este gesto, como el envío regular de cartas a las familias, forma parte de una obsesión política contra la enseñanza concertada. Por más obvio y reiterativo que sea, cada vez que Podemos y Ganemos aparecen con esa cantinela, es preciso recordar que son centros a los que la administración pública les entrega fondos salidos de los impuestos de todos para que sumen sus servicios docentes y así complementen las carencias de la red convencional de centros. Es decir, en realidad cabe considerar a la concertada como una parte de la educación pública. Como un complemento fundamental, al menos. Conviene recordar que la fórmula nació, hace más de tres décadas, cuando los centros estatales eran incapaces de cubrir a toda la población en edad de escolarización obligatoria.
Aún hoy, reforzados por la confianza de muchos padres, de miles de familias, mantienen su función, lo que puede entenderse como un mérito de los concertados y una carencia de la administración pública. Es decir, todavía lo público no ha cubierto las necesidades que atiende la concertada, bien en número de plazas, en calidad, en equipamientos o en formación religiosa. Si desapareciera, la opción de dar una educación con valores religiosos pasaría a ser un lujo al alcance de un pequeño sector de la población. Esa es la realidad y ocultarla con prejuicios sólo responde a juegos políticos, que no escolares.
