EL APUNTE

El final del ‘caso Loreto’

Después de un archivo inicial y de una resolución, ambas partes harían bien en dejar el pleito donde lo pone la sentencia: en un agrio cruce de acusaciones

La Voz de Cádiz
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La Justicia ha hablado y, aunque cabe recurso, parece que poco recorrido tiene ya un caso basado más en las formas que en el fondo. El alcalde de Cádiz, José María González, se sentaba finalmente en el banquillo para responder ante de las supuestas injurias y calumnias vertidas contra el PP en el ‘caso Loreto’. Los populares ejercían la acusación particular, mientras que la Fiscalía ya solicitaba desde el inicio la absolución. Ese gesto dejaba claras las posibilidades de condena que tenía la demanda. A Kichi le acompañaban en el trance su jefe de Gabinete, José Vicente Barcia, y el exedil de Medio Ambiente, Manuel González Bauza. El regidor había jugado con fuego a la hora de explicar la gestión del anterior equipo de Gobierno en la crisis del agua de este barrio, en octubre de 2014, pero según la juez nunca ha excedido la crítica política, los reproches legítimos a una gestión realizada por otro grupo y que el regidor tiene el derecho de comentar en público según la sentencia.

Por si queda alguien que no lo recuerde, problemas en la red de tuberías obligaron a cortar el suministro en la zona durante 14 días. Los tres procesados acusaron al anterior equipo de Gobierno, durante una asamblea vecinal y una comparecencia pública previa, en marzo de 2016, que conocían la situación y consintieron el suministro al barrio «a sabiendas de que estaba contaminada».

Se trataba de una afirmación grabada y recogida de forma idéntica por una decena de medios de comunicación que asistieron aquel día a la asamblea. Ningún periodista se ha retractado ni se ha desentendido, ninguno ha rectificado, ni los denunciados lo han pedido nunca. Las declaraciones estaban claras (profusamente grabadas) y sólo se trataba de que la Justicia las calificara. Ya lo ha hecho.

El alcalde gana esta pequeña batalla por segunda vez, ya que el juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz archivó inicialmente la denuncia, antes de que la Audiencia Provincial la reabriera para procesar a los tres responsables municipales. La juez dicta sentencia. Aún queda posible recurso aunque ambas partes harían bien en dejar el caso donde ha quedado: en un duro intercambio de críticas políticas.

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