La epidemia duradera

Una nueva condena a Pedro Pacheco reabre la herida social que causan los casos de exalcaldes condenados

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Aunque corremos el riesgo de acostumbranos, nunca debiéramos hacerlo. Por frecuentes que sean, su carácter doloroso debe primar y la sensación de que nuestro sistema funciona, tarde o temprano, también. Son demasiados casos y demasiado graves para calificarlos de casualidades, de accidentes aislados.

De hecho, en los últimos meses son varios los exalcaldes de la provincia de Cádiz en prisión o condenados aunque sin reclusión. Se trata de personas que han tenido la responsabilidad hace pocos años, que parecían honestos, capaces, con trayectoria histórica en algún caso, con prestigio político en casi todos. Todos entre rejas, de partidos políticos distintos, en muchos casos independientes o regionalistas, que representaban un supuesto aire nuevo en su día. Dos exalcaldes de Jerez o uno de El Puerto de Santa María, más los controvertidos casos de Rota, entre otros, servirían como pruebas.

Ayer fue, de nuevo, Pedro Pacheco el protagonista de esta triste serie, formada ya por demasiados episodios. La Audiencia Provincial le condenaba a un año y nueve meses de prisión por el delito de estafa del llamado ‘caso Huertos de Ocio’. También le inhabilita tres años y seis meses por prevaricación. La condena queda muy reducida respecto a los cinco años de prisión que solicitaba la Fiscalía. Ni siquiera es probable que vuelva a prisión aunque está en régimen de tercer grado por sentencias previas y podría ser revocado por este nuevo castigo que aún admite recurso.

Pero la casuística concreta puede resultar secundaria. En el caso de los exalcaldes portuenses o jerezanos, el fondo es el mismo: distintas actuaciones de personas teóricamente obligadas al ejemplo quedan demostradas como delictivas. Todas tienen algo en común: tomar las administraciones públicas y sus fondos como un tesoro con el que gestionar a capricho, para satisfacer las necesidades de correligionarios, de amigos, de familiares o, en muchos casos, para alimentar la propia vanidad de persona todopoderosa que hace lo que le viene en gana con el dinero de todos.

La enfermedad consiste en la falta de respeto por los ciudadanos, por las finanzas que sostienen con sus impuestos, tasas y multas. El mal de la vida pública en la provincia, en Andalucía y en España, está en la falta de pulcritud, en las formas que traicionan un fondo aquejado de amoralidad, alérgico a las normas que parecen sólo para los tontos y los inocentes.