Cinco millones más

Una medida que es legal y amparada judicialmente (el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía establece la obligación de asumir la defensa de los altos cargos imputados) y sobre la que no puede reprocharse ilegitimidad alguna al ejecutivo de turno que se limite a cumplir con la Ley, pero que resulta inmoral y vergonzante para quien la disfruta en éste pringoso asunto de los ERE.

Sirva como ejemplo el adelanto de noventa mil euros que se han abonado al abogado de Magdalena Álvarez. Que le hemos pagado, ustedes y yo, al letrado contratado por quien ha sido consejera de Economía de la Junta de Andalucía, ministra del Gobierno de España, eurodiputada y presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Una pobre mujer.

En Andalucía puede solicitar asistencia jurídica gratuita cualquier persona que acredite la insuficiencia de recursos económicos y se le asigna para su defensa a un profesional muy cualificado, que atiende el trabajo encomendado con grandes parámetros de calidad y le dedica horas y esfuerzos para sacarlo adelante, recibiendo a cambio unos honorarios que traspasan muy por debajo la frontera de la dignidad. Es un trabajo que, evidentemente, no se realiza con ánimo de enriquecimiento. El motivo que impulsa a un abogado -que tiene su despacho, su clientela y su carrera- a llevar a cabo esta ingrata tarea es la de hacerse útil a la sociedad y ayudar a quien lo necesita y no puede pagarlo. Se trata de una labor silenciada, desconocida y muy desagradecida, de la que se desgrana de manera callada una lección de probidad y servicio público que no agrada a ningún poder político. A la vista está el maltrato recurrente que desde cualquier color gubernativo se infringe al turno de oficio y a la vapuleada profesión que profeso.

Nada que ver con las ampulosas lecciones de moralidad, las enfáticas indicaciones sobre qué es correcto y qué no, las etiquetas de fascismo repartidas a quien difiere del pensamiento único y la displicencia con la que los condenados por prevaricación han despachado cualquier crítica a su proceder. Tienen ahora una gran oportunidad de presentarse ante la opinión pública como adalides de los principios que pregonan para el gran público, renunciar a su privilegio, pagar de su bolsillo las facturas y ahorrar al contribuyente la vergüenza de costearles las consecuencias de sus desmanes. Griñán lo ha hecho. Magdalena estará pensando en saltarse por alto el trance.

Si estuviéramos en otra latitud, a alguien podría ocurrírsele mandarla a colgar de una catenaria. Pero aquí repartimos lecciones de ética.