Contra el proxenetismo

En Europa, la lucha contra la prostitución y sus secuelas sobre el bienestar de la mujer ha seguido dos caminos no necesariamente divergentes: el de la regulación y el del abolicionismo. Y la experiencia ofrece toda una gama de matices.

En nuestro país, tanto UP como el PSOE han optado por el abolicionismo, que justifican con el argumento incontestable de que más del 90% de las mujeres prostituidas están en manos de proxenetas y están sometidas por tanto a explotación. Laura Berja, portavoz socialista en la Comisión de Igualdad, ha explicado que la abolición debe poner el foco en «la persecución de todas las formas de proxenetismo, la sanción de los prostituidores -es decir, de los clientes-, la recuperación penal de la tercería locativa -en referencia a los burdeles, que serían criminalizados-, y, lo que es muy importante, la atención y protección de las mujeres prostituidas».

En teoría, la posición es inobjetable, pero cabe manifestar algunas dudas sobre la viabilidad de una fórmula se antoja en buena parte utópica. En primer lugar, hay que poner de manifiesto que la última parte de este catálogo de actuaciones, «la atención y protección de las mujeres prostituidas», no es solo ‘muy importante’ como dice la portavoz del PSOE, sino la actuación que justifica todas las demás. Si no existe la certeza de que todas -no solo la mayoría- las prostitutas encontrarán un camino practicable de rehabilitación, formación y autonomía que les permita llevar una vida digna y autosuficiente, el resto del planteamiento no tiene sentido. La prohibición imperativa que llega incluso a penalizar al cliente es una medida tan rigurosa que frenará el ‘negocio’, pero que si no va acompañada de una atención a las víctimas, dejará a estas en una situación de absoluta indigencia, y por tanto a merced de todos los abusadores, ya clandestina y sin control alguno.

Por otra parte, cabe una segunda objeción: si se busca un equilibrio jurídico razonable, no hay motivos para penalizar el intercambio de sexo por dinero; en algunas legislaciones europeas se castiga atinadamente al cliente que recurre a la prostitución sabiendo que existe la mediación de un proxeneta.

En definitiva, la buena voluntad de las dos opciones, la regulatoria y la abolicionista, pueden no resolver el problema sino agravarlo incluso si no se comienza la casa por sus cimentos, es decir, por la creación de un aparato asistencial completo capaz de acoger a las prostitutas y de canalizar el tránsito, que pueda durar años, hacia la completa rehabilitación y la autonomía de la mujer que retorna del infierno de su explotación. Si se aplican las medidas coercitivas sin haber resuelto la cuestión capital, la consecuencia será que la prostitución que hoy se ejerce a la vista de todos ingresará en la subterraneidad, con lo que las penalidades y la inseguridad de la mujer explotada serán todavía mayores, y más difícilmente remediables. El cierre de los burdeles puede ser una decisión de riesgo para las mujeres que sigan prostituyéndose y no una liberación.

Por resumir, la lucha contra la prostitución debe iniciarse por la redención de las mujeres. Inmediatamente, habrá que actuar contra los proxenetas. Si se invierte el orden o se relativiza aquel designio, el proyecto incrementará la explotación y no al contrario.