Sánchez asfixia a las autonomías

Si algo ha demostrado Sánchez durante su carrera política es su capacidad para anteponer sus intereses personales a los del partido, como bien ejemplifica su convulso liderazgo al frente del PSOE, e incluso a los del conjunto de la población, ahora que ocupa la Presidencia del Gobierno. Solo así se entiende su irresponsabilidad a la hora de gestionar las finanzas públicas, puesto que su calculado inmovilismo ante la celebración de unas nuevas elecciones está poniendo en serios aprietos las cuentas de las Comunidades, que son las encargadas de desarrollar servicios públicos esenciales, tales como sanidad, educación o dependencia. Los ejecutivos regionales contaban con recibir este año más de 7.000 millones de euros procedentes de las entregas a cuenta que establece el sistema de financiación y de la liquidación del IVA. Sin embargo, la prórroga presupuestaria, primero, y la existencia de un Gobierno en funciones, después, están sirviendo de excusa a Sánchez para no liberar unos recursos que, además de ir destinados a la ciudadanía, resultan fundamentales para cumplir la meta del déficit.

Las autonomías elaboran sus presupuestos en función de las previsiones de ingresos que realiza la Administración Central y, dos años más tarde, reciben o devuelven las desviaciones que se produzcan con respecto a la recaudación real. Las regiones habían proyectado unos gastos para este año cuya financiación no se sostiene por culpa de este retraso. El Gobierno se escuda en que, estando en funciones, carece de margen de maniobra desde el punto de vista jurídico para ordenar el pago, pero no es más que otra treta sin fundamento. En primer lugar, porque el presidente dispuso de tiempo más que suficiente para evitar esta situación antes de las elecciones de abril, cuando no estaba en funciones. Poco o nada le importó disparar el gasto público a base de decretos para celebrar sus «viernes sociales» con el único fin de comprar votos, y, sin embargo, no repartió el dinero que le correspondía a las comunidades, pudiendo hacerlo.

Además, siempre cabe la posibilidad de aprobar una ley en el Parlamento para superar este trámite y proceder así al citado desembolso, dado que recabaría el apoyo de todos los partidos salvo, quizá, Vox. El problema es que nada de esto interesa a Sánchez. Su objetivo es presionar a las autonomías con el dinero que les adeuda para tratar de ablandar a los partidos de la oposición de cara a una nueva investidura. Y todo ello a costa de los servicios públicos que reciben los ciudadanos, puesto que los gobiernos regionales se verán obligados a aplicar recortes debido a la falta de recursos, al tiempo que incumplirán sus objetivos de déficit, con la consiguiente reprobación por parte de inversores y autoridades comunitarias. Sánchez, incapaz de formar Gobierno, daña los intereses de todos con tal de defender los propios.