Los líderes independentistas entrando a la Audiencia Nacional en noviembre
Los líderes independentistas entrando a la Audiencia Nacional en noviembre - ABC
EDITORIAL

La Sala Segunda no cede ante el golpe

Es preocupante que el Gobierno exhiba sin pudor su interés en que los golpistas catalanes salgan poco afectados del proceso penal

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La Sala Segunda del Supremo mantiene el rumbo de la causa penal contra los dirigentes del proceso separatista en Cataluña, demostrando a la opinión pública en qué consiste la independencia del Poder Judicial. Los magistrados del Alto Tribunal dieron ayer a conocer dos autos que confirman la terminación del sumario del juez Llarena y abren juicio oral contra los procesados. Ahora, el Ministerio Fiscal y la acusación particular tienen cinco días para presentar sus acusaciones. Este trámite explica que el Gobierno esté presionando públicamente al Ministerio Público para que no acuse por el delito de rebelión. La injerencia del Ejecutivo en la labor de la Fiscalía está alcanzando niveles anticonstitucionales al pretender quebrar el principio de legalidad que rige la actuación de los fiscales. El Gobierno se atreve a interpretar el Código Penal para llegar a la conclusión de que el delito de rebelión solo lo cometen fuerzas militares y con las armas, ignorando el respeto que debe no solo al criterio constante de la Fiscalía General del Estado, sino a las decisiones ya tomadas por la Sala Segunda en los autos de procesamiento y de ratificación de este auto. Esta estrategia de presión al Ministerio Fiscal emplaza a la fiscal general del Estado, María José Segarra, a preservar la autonomía de la institución y a seguir respetando, como ha hecho hasta ahora, el criterio de los fiscales de Sala encargados de la acusación.

Es preocupante que el Gobierno exhiba sin pudor su interés en que los golpistas catalanes salgan poco afectados del proceso penal. Los socialistas han puesto en el debate público el indulto de los posibles condenados, varios ministros han criticado abiertamente el mantenimiento de los procesados en prisión provisional y el Ejecutivo se plantea ahora modificar el Código Penal para dejar impunes comportamientos como los que han protagonizado Junqueras y el resto de compañeros de banquillo. Una reforma penal así beneficiaría a los posibles condenados, porque tendría el efecto retroactivo de dejar sin efecto la condena y sería lo más parecido a una amnistía, prohibida por la Constitución.

Si es presidente del Gobierno gracias a un grupo de golpistas; si negocia los presupuestos generales del Estado con golpistas encarcelados; si secunda la defensa de los golpistas contra el delito de rebelión; si desprotege penalmente instituciones, como la Corona, atacadas por los golpistas; si ofrece a los golpistas la cabeza de la Constitución para lograr sus votos, y si legitima al jefe de los golpistas, Quim Torra, que ayer mismo dijo que «nos enfrentaremos a estas sentencias con la determinación del 1 de octubre y la fuerza del 3 de octubre», ¿qué espera Pedro Sánchez que diga de él la oposición? ¿que se merece el premio al constitucionalista del año?