Quemados en foto
El único consuelo es que López Guerra deja el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Acato la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin compartirla, por la misma razón que Voltaire no estaba de acuerdo con algunas opiniones pero, al mismo tiempo, «dispuesto a morir para que se pronunciasen». O sea, por respeto al primer mandamiento democrático: hay que acatar la ley y las sentencias judiciales, aunque no nos gusten. Y esta del TEDH, que condena a España a resarcir a dos independentistas catalanes condenados por quemar fotos de los Reyes eméritos, me parece, más que una defensa de los derechos humanos, una defensora al ultraje.
Si usted o yo, amable lector, quemamos la foto de unos vecinos que no nos caen simpáticos, en un tablado público, en medio de la algarabía multitudinaria, seguro que atentamos puniblemente contra su honor, dignidad y prestigio. Pero lo primero que ha hecho el TEDH es privar a Don Juan Carlos y a Doña Sofia de esos derechos ciudadanos y admitir que pueden ser, no sólo ultrajados, sino también quemados en estampa, invocando la «libertad de expresión». No contento con ello, asegura que «no se trata de un delito de odio o de incitación a la violencia». ¿Qué era entonces, una pira inquisitorial, un rito vudú, una falla valenciana? Aunque lo mejor es cuando los magistrados se adentran en el laberinto de la psiquiatría y explican las últimas motivaciones de los pirómanos gerundenses: «no fue un ataque personal al Rey, dirigido a insultar o denigrar a su persona, sino una denuncia de lo que representa como jefe y símbolo del aparato del Estado que, según los denunciantes, ocupó Cataluña». Que asume la tesis independentista. Para sentenciar: «Que corresponde a la expresión de rechazo a la Monarquía». ¿Del pueblo español o de unos matones?
Aunque lo más grave no es esta parodia de la libertad de expresión. A un tribunal de derechos humanos distante del lugar de los hechos cabe disculparle cierta inclinación hacia la parte más débil de un conflicto a dirimir. Pero no es aceptable en quien conoce perfectamente el fondo y las circunstancias de la misma, como ocurre en este caso. Entre los magistrados que aprobaron esa sentencia había un español, Luis López Guerra, nombrado por el gobierno Zapatero. El TEDH tiene como norma dejar la orientación de las causas que le llegan al miembro del país de procedencia, por suponer que conocen más a fondo los hechos. Pues bien, prácticamente desde que el señor López Guerra ocupa ese cargo, España no ha recibido más que bofetadas de ese tribunal. Cuatro van ya este año, seis fueron en el pasado. La última, la obligación de pagar 50.000 euros a dos etarras «por torturas sufridas tras su detención», según ellos, contra la opinión de nuestros más altos tribunales. Aunque la mayor fue la cancelación de la «doctrina Parot», que permitía alargar las condenas por grandes delitos, según un nuevo cómputo, y puso en la calle no sólo a terroristas, sino también a presos comunes peligrosos.
El único consuelo es que López Guerra deja el TEDH próximamente.
