El «procés» era un desfalco masivo

El pleno del Tribunal de Cuentas tiene previsto aprobar el jueves un contundente informe en el que achacará responsabilidad contable por numerosas ilegalidades a la Generalitat durante el gobierno de Puigdemont y la etapa anterior. Sin embargo, lo más relevante será la previsible presentación posterior de una querella por parte de la Fiscalía al entender que ya en el ámbito penal, la Generalitat desvió ingentes cantidades de dinero público entre 2011 y 2017 para financiar el proceso independentista en lo referente a su «acción exterior». De hecho, el fiscal del Tribunal de Cuentas estima fundada la existencia de indicios de delitos de prevaricación, malversación, falsedad en documento público y contra las instituciones del Estado. En ese informe, al que ha tenido acceso ABC, consta que la Generalitat se gastó 421 millones en euros en «acción exterior» -publicidad, manipulación mediática, etcétera- en siete años, y que el objetivo final era declarar la independencia creando «estructuras de Estado» propias. Más aún, las llamadas «embajadas catalanas» dilapidaron «sin ningún control» -así lo sostiene el máximo órgano fiscalizador del Estado- hasta 27 millones de euros en la promoción del proceso separatista, de modo que las sucursales exteriores de la Generalitat reabiertas durante el mandato del Gobierno de Pedro Sánchez estarían bajo sospecha de una responsabilidad penal constatable.

El dictamen del Tribunal de Cuentas, en paralelo al proceso penal que sigue su curso en el Tribunal Supremo por rebeldía, revela que toda la estrategia supuestamente legal del independentismo, avalada por multitud de Gobiernos extranjeros, y asentada sobre las bases de la libertad, la democracia, el derecho a votar o a la autodeterminación, eran una auténtica farsa. La Generalitat dedicaba dinero público que debió servir para financiar hospitales, escuelas o pensiones a crear un entramado delictivo con la independencia como coartada. Y todo ello, planteando un pulso inédito al Estado, fracturando a la sociedad catalana, bloqueando el Parlament y mintiendo sistemáticamente. En su día, el Tribunal de Cuentas ya condenó a Artur Mas y a otros dirigentes de su Gobierno al pago de una multa superior a los cinco millones de euros por su responsabilidad contable en la consulta farsa del 9-N de 2014. Antecedentes hay para que este tipo de abusos no se repitan. Es evidente que el Gobierno de Cataluña ha metido la mano en la caja de todos los catalanes para diseñar un golpe de Estado y que, más allá de las responsabilidades penales que puedan derivarse de su actuación, tampoco debe salir gratis el desfalco de las cuentas públicas que han llevado a cabo. Dedicar, como ha detectado el Tribunal de Cuentas por ejemplo, catorce millones de euros en lujosos viajes para dar conferencias en el extranjero en favor del independentismo no es solo jurídicamente reprochable, es una ofensa a los catalanes.