Prisión permanente, una causa justa

Los socialistas siguen adelante en su intención de derogar la prisión permanente revisable, sin esperar a que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por ellos mismos. Esta espera habría sido lo más razonable, dado que el argumento principal de los socialistas contra la pena de prisión permanente revisable es que vulnera la Constitución. Pero el PSOE quiere una derogación urgente de esta pena y así evitar que el TC decida, porque sabe que la prisión permanente revisable se ajusta a la Constitución y al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esta pena, tal y como fue aprobada en 2015, concede al delincuente la expectativa de abandonar la cárcel después de 25 años de prisión si demuestra que se ha rehabilitado. Esto es lo que exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la definitiva sentencia de 9 de julio de 2003, dictada en el caso Vinter y otros contra el Reino Unido. El Tribunal Europeo avala, además, que el delincuente siga en prisión si no tiene un pronóstico favorable de reinserción. ¿Por qué el PSOE y la izquierda faltan a la verdad sobre la pena de prisión permanente? El portavoz socialista llegó a afirmar que «sin prisión permanente revisable vencimos a ETA y con prisión permanente revisable se ha asesinado a Gabriel». El argumento, además de insultante para las víctimas, es escandaloso por su naturaleza manipuladora. Merece la pena recordar que en 1986 y en 1991 los socialistas impidieron suprimir los beneficios penitenciarios a los terroristas de ETA. Quizás algunos terroristas no habrían salido de prisión a razón de nueve meses de cárcel por asesinato.

Dice el PSOE que Gabriel ha sido asesinado a pesar de que el Código Penal prevé la prisión permanente revisable. La formulación correcta es otra: como hay asesinos que matan a niños como Gabriel, el Código Penal debe incluir esta pena permanente de prisión. El portavoz socialista no se atreverá a cuestionar la eficacia de la ley de 2004 sobre la violencia contra la mujer, a pesar de que desde su entrada en vigor -2005- han muerto 782 mujeres. Además, lo que nunca se conoce es el número de delitos que no se producen por el efecto disuasorio del castigo. La pena debe castigar el delito y en la ejecución de esa pena, no al margen de ella ni en lugar de ella, se debe procurar la reinserción del delincuente, que no es un derecho subjetivo, como han declarado el TC y el TS. En todo caso, si tanto se quiere privilegiar la reinserción, empecemos por considerarla una obligación del delincuente, que debe cumplir si quiere beneficios penitenciarios o excarcelaciones anticipadas.

Durante mucho tiempo, las víctimas de ETA se sintieron desamparadas. No es justo que, de nuevo, otras víctimas vuelvan a sentirse de la misma manera, y si esto sucede, la sociedad española debe movilizarse por ellas.