Miles de jubilados cortan el acceso al Congreso para protestar por las pensiones
Miles de jubilados cortan el acceso al Congreso para protestar por las pensiones - EFE
Editorial ABC

Pensiones: no hay solución mágica

Una cosa es que las pensiones puedan subir más allá del umbral mínimo del 0,25 por ciento y otra muy distinta prometer subidas con el IPC que dañarían la sostenibilidad financiera del modelo

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Uno de los acuerdos básicos que alcanzaron los distintos partidos políticos en el seno del Pacto de Toledo, en 1995, fue dejar las pensiones al margen de la pugna electoralista, ya que se trata de una materia demasiado importante y delicada como para quedar al albur de las ocurrencias que, en cada momento, pueda presentar una u otra formación con la exclusiva finalidad de ganar votos, pero este consenso, por desgracia, ha desaparecido en los últimos meses. La Seguridad Social ocupa hoy un lugar destacado dentro del debate público debido a las dificultades financieras que atraviesa el sistema y la particular situación de los jubilados.

Sin embargo, la discusión política no estriba en cómo reforzar la solvencia del actual modelo de reparto para garantizar su viabilidad a medio y largo plazo y, de este modo, mejorar la calidad de vida de los pensionistas, sino que se ha optado por usar a este colectivo como arma arrojadiza, al tiempo que unos y otros se descuelgan con promesas de gasto de todo tipo para ganarse el favor de este numeroso grupo de votantes, cuyo volumen ronda los nueve millones de personas, sin tener en cuenta el coste ni las consecuencias de tales propuestas, lo cual constituye una grave irresponsabilidad. La factura de volver a vincular la subida de las pensiones al IPC, tal y como propone ahora la oposición, con el PSOE a la cabeza, ascendería a 1.800 millones de euros tan solo en 2018, y el problema es que crecería de forma progresiva con el paso del tiempo, ya que a esta cuantía habría que sumar la evolución que registrasen los precios año tras año. Con un déficit en la Seguridad Social próximo a 19.000 millones y la hucha de las pensiones casi vacía, hasta el punto de que el Gobierno debe recurrir a la emisión de deuda pública para cumplir con el pago puntual de las prestaciones, disparar aún más el gasto no solo es un error, sino un completo disparate. Una cosa es que las pensiones puedan subir más allá del umbral mínimo del 0,25 por ciento que establece la ley conforme la recuperación económica vaya saneando las cuentas, lo que es más que razonable, y otra muy distinta prometer subidas que dañarían la sostenibilidad financiera del modelo, al tiempo que exigirían fuertes subidas de impuestos al conjunto de los contribuyentes, minando así el crecimiento potencial del país como la creación de empleo.

No hay recetas mágicas en materia de pensiones. La histórica destrucción de empleo que tuvo lugar durante la crisis y el progresivo envejecimiento de la población ponen a la Seguridad Social en un brete cuya solución requiere de grandes dosis de seriedad, madurez y sentido común para ofrecer alternativas viables y sensatas al margen de la lucha electoral. La clave, por tanto, radica en cerrar cuanto antes un nuevo acuerdo en el Pacto de Toledo para garantizar el futuro de las pensiones.