«Listas negras» y reuniones secretas

La Audiencia Nacional confirmó ayer lo que muchos catalanes ya sabían: que la asociación separatista Òmnium Cultural había utilizado datos personales para crear listas de catalanes no nacionalistas. La Agencia de Protección de Datos (APD) sancionó a Òmnium en 2015 con una multa de 200.000, por captar ilegalmente y con fines ideológicos los datos personales de miles de catalanes encuestados sobre la independencia de Cataluña. La Audiencia ha ratificado el criterio de la APD, convirtiendo en verdad judicial lo que es una realidad social y política: el nacionalismo quiere imponer un ambiente de temor totalitario. Òmnium, según los jueces, incluyó preguntas tramposas en las encuestas domiciliarias, gracias a las cuales podían identificar a quienes estaban en contra del independentismo. La gravedad de los hechos probados aumenta su dimensión si se tiene en cuenta que la asociación ha recibido numerosas subvenciones públicas; y sólo con una generosa financiación pudo realizar esta macro-encuesta. Hay motivos para actuar contra Òmnium, promoviendo incluso su ilegalización al amparo de la Ley de Partidos, porque es una asociación antidemocrática, actúa al servicio de una causa delictiva y promueve la división social.

En este contexto de «listas negras», Sánchez sigue empeñado en dar oxígeno a un entramado que muestra semejantes tintes totalitarios. Ayer, la vicepresidenta Calvo se reunió con los separatistas en Barcelona, sin dar explicaciones sobre lo acordado y con el mismo secretismo (apenas una foto aportada por La Moncloa) que en aquel oprobioso encuentro de Pedralbes, un insulto a los españoles, entre Sánchez y Torra, del que se sigue negando a desvelar los 21 puntos acordados entre ambos. Lluvia de millones de más en los Presupuestos y trato exclusivo (bilateral, lo llama Torra) para quienes quieren romper España.