EFE
EDITORIAL ABC

Ni lazos amarillos ni esteladas

La Fiscalía General tiene en sus manos las acciones legales necesarias, incluidas las penales, para no permitir una nueva ilegalidad del Gobierno catalán

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En septiembre de 2018, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció un acuerdo con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para retirar los lazos amarillos de los espacios públicos. Torra se aprovechó de la ingenuidad de Grande-Marlaska, poco recomendable en un ministro de Interior, para mostrar de nuevo su tendencia a la mentira y la deslealtad. Los lazos amarillos y la bandera estrellada independentista siguen en las fachadas de los edificios oficiales y de los espacios públicos, dominando un ambiente social que resulta opresivo para los no nacionalistas. Torra va a hacer lo mismo -es decir, nada- con el acuerdo de la Junta Electoral Central que ordena al Gobierno catalán retirar los lazos amarillos y las banderas estrelladas de los edificios públicos dependientes de la Generalitat. La Junta Electoral no ahorra juicios de valor para explicar su decisión: la neutralidad política de los poderes públicos, la igualdad de sufragio de los ciudadanos, las libertades ideológicas y de expresión, o la separación entre lo oficial y lo partidista. La pregunta es muy sencilla: ¿cuándo ha respetado el separatismo catalán uno solo de esos valores democráticos, especialmente desde que se inició el proceso independentista? A mes y medio de las elecciones generales y con la cúpula separatista en el banquillo de los acusados, Torra no va a hacer concesiones ni a cumplir la legalidad «española». Quien ha incumplido las sentencias del Tribunal Constitucional y ha querido derogar la Constitución en Cataluña separándola de España poco puede intimidarse por un acuerdo de la Junta Electoral.

La carga de la prueba no está en Torra y su Ejecutivo secesionista, sino en el Gobierno de Pedro Sánchez y en la Fiscalía General. No se puede confiar en un brote de lucidez democrática y decencia política del nacionalismo separatista. Por eso, el Gobierno de Sánchez debe hacer cumplir la orden de la Junta Electoral, que es firme en vía administrativa y, aunque se recurra ante el Tribunal Supremo, también ejecutiva, salvo suspensión cautelar. Tampoco es razonable esperar que los Mossos d’Esquadra actúen de oficio después de que sus máximos responsables facilitaran con su pasividad el referéndum ilegal del 1-O.

Estamos ante un nuevo pulso que el Estado puede perder por la inacción de sus poderes ejecutivos. Sólo un cálculo electoral impulsaría a Sánchez a actuar para hacer efectiva la retirada de lazos amarillos y esteladas, ahora que las encuestas parecen perdonar sus nueve meses de Gobierno hipotecado a los intereses del separatismo. En todo caso, la Fiscalía General, como garante de la legalidad, tiene en sus manos las acciones legales necesarias, incluidas las penales, para no permitir una nueva ilegalidad del golpismo catalán.