La herida abierta de las prejubilaciones

La firma del reciente acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Transición Ecológica y los sindicatos no solo representa la liquidación de la minería del carbón, un sector que ni es limpio para los vigentes estándares ecológicos ni resulta competitivo. La solución para los trabajadores de esta agonizante industria viene a consagrar un modelo -el de las prejubilaciones, desde los 48 años- que se estableció a finales del siglo pasado, cuando las previsiones demográficas no eran tan alarmantes como las actuales. El aumento de la esperanza de vida, las bajas tasas de natalidad que registra España y el creciente volumen de pensionistas hacen insostenible un sistema que no puede permitirse el sacrificio sistemático y masivo de trabajadores, ni su expulsión definitiva y subvencionada del mercado laboral, cada vez más necesitado de contribuyentes.

Al drama personal que supone la prejubilación a una edad tan temprana, sin apenas perspectivas, y el devastador efecto que estos cierres pactados tienen en sus respectivas comarcas, convertidas en páramos poblacionales, hay que sumar en las actuales circunstancias su incoherencia política. Sectores como la banca y otras grandes compañías han recurrido a esta fórmula para soltar lastre laboral y adecuarse a la nueva economía, legítimo mecanismo de defensa para sobrevivir en un mercado que hace ya tiempo dejó fuera de juego a la minería del carbón, cara y contaminante. El remedio, sin embargo, no hace sino agravar la enfermedad. A corto plazo, empresas y Administración quizá puedan costear estos planes de retiro, pero a largo plazo no resultan precisamente una buena inversión. Perpetuada hasta nuestros días, la España de la prejubilación generalizada y forzosa es una de las señales más inquietantes de un futuro, ya inmediato, con más brazos cruzados que activos.