Grave irresponsabilidad autonómica

La proximidad de una cita con las urnas es la excusa perfecta que emplean los gobernantes más ineficientes y manirrotos para disparar el gasto público con el único fin de ganar votos, sin tener en cuenta los negativos efectos que tales prácticas acaban infligiendo al conjunto de la economía, la solvencia de las cuentas públicas y el bolsillo de los contribuyentes. Organismos de la talla del FMI y el Banco de España ya han advertido en diversas ocasiones que las comunidades autónomas se desbocan en el gasto cada vez que hay elecciones, y en esta ocasión, por desgracia, no será diferente. Los gobiernos regionales incumplirán la regla de gasto en 2018, a pocos meses de que se celebren los comicios autonómicos de mayo. Este tope, fijado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, limita a un máximo del 2,4 por ciento el crecimiento del gasto público este año para prevenir la repetición de grandes desequilibrios fiscales, pero un total de siete autonomías, casi todas gobernadas por o con apoyo del PSOE, ya sobrepasaban este umbral el pasado septiembre.

Superar el techo de gasto no solo implica un quebranto explícito de la ley, con el daño que ello supone para la seguridad jurídica y la calidad institucional, sino que constituye una grave irresponsabilidad por parte de estos gobiernos autonómicos, ya que lo único que persigue esta estrategia es alentar el despilfarro y el clientelismo mediante la compra de votos. Además, estos excesos contribuirán al aumento del déficit y la deuda pública, en un momento en el que España todavía registra el mayor descuadre fiscal de la UE, con un agujero del 3,1 por ciento del PIB en 2017, y un endeudamiento próximo al cien por cien. Urge que tales desvíos sean corregidos mediante los mecanismos que establece la ley.