Los golpistas ante la justicia

Las responsabilidades penales por el proceso de ruptura unilateral de Cataluña con España pretendido por el Gobierno de Puigdemont tiene hoy dos citas importantes. En la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el magistrado Pablo Llarena notificará el auto -o autos- sobre la petición de excarcelación que le plantearon el pasado viernes los «Jordis», Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros. En Bruselas, un juez decidirá hoy en primera instancia si admite y ejecuta la orden de entrega a la Justicia española de Carles Puigdemont y los demás prófugos. El juez Llarena se ha tomado el fin de semana para decidir sobre la suerte de Junqueras y los ex consejeros encarcelados por orden de la juez Carmen Lamela. Se ha dado demasiado por seguro que el magistrado de la Sala Segunda va a excarcelar a los exconsejeros de Puigdemont y al dúo de los «Jordis», como si su criterio sobre Carme Forcadell y el resto de parlamentarios querellados fuera automáticamente extrapolable al resto de investigados. Quizá lo haga o quizá discrimine entre unos y otros, porque cada cual ha hecho aportaciones al proceso separatista con conductas que quizá puedan repetirse si quedan en libertad sus autores. En todo caso, Llarena ha demostrado que sus tiempos -y los de la Sala Segunda- no los marcan las expectativas de los partidos ni de los medios, que esperaban su decisión para el viernes pasado. También resulta evidente que la prisión provisional no está prevista para reeducar a los querellados encarcelado s . Por eso, claro que no basta para salir de prisión que ahora Junqueras y compañía acaten el artículo 155 de la Constitución. En primer lugar, porque no les queda otra opción. En segundo lugar, porque la prisión provisional conjura riesgos -de fuga, de reiteración delictiva- no ideas personales. Llarena despejará hoy la incógnita.

Para quienes no hay incógnita alguna son los prófugos que hoy comparecen de nuevo ante la Justicia belga. Si son entregados a España, irán directamente a prisión provisional. Pero la condición es que el tribunal belga encargado de decidir sobre el futuro de Puigdemont y sus compañeros de fuga acepte su entrega a España. El tiempo que ha transcurrido entre la primera comparecencia y la de hoy ha permitido a Puigdemont armar su campaña electoral a distancia, como un mecanismo de presión al juez belga para que crea que su caso es político y no penal. La Justicia belga debe comportarse como la Justicia de un Estado miembro de la Unión Europea adherido al sistema de reconocimiento mutuo de decisiones judiciales. No entregar a Puigdemont sería una derogación gravísima de los principios fundacionales de la Unión Europea y una vuelta atrás en la confianza no sólo entre España y Bélgica, sino del sistema de colaboración judicial entre los Estados miembros.