El Gobierno, en defensa del Rey

El Gobierno de Pedro Sánchez acertó ayer al mantener su intención de impugnar ante el Tribunal Constitucional la iniciativa aprobada días atrás en el Parlamento de Cataluña para reprobar a Su Majestad el Rey y plantear el fin de la monarquía en España. Es cierto que el Gobierno acudirá al TC pese a un dictamen del Consejo de Estado que lo desaconseja y pese a que, a priori, el recurso tendrá muy escaso recorrido jurídico. Sin embargo, es un gesto con relevante contenido político en defensa de la Corona que el Consejo de Ministros no debía dejar pasar, aun siendo consciente de que el TC puede inadmitirlo o desestimarlo después porque, objetivamente, la «reprobación» del Jefe del Estado no tiene cabida en nuestro ordenamiento, y porque exigir la abolición de la monarquía parlamentaria -como ayer mismo hizo el Ayuntamiento de Barcelona, con los votos de la franquicia catalana de Pablo Iglesias- puede constituir un mero acto de libertad de expresión sin más consecuencias. De algún modo, el TC no está para dirimir provocaciones políticas de Podemos alentadas por los hooligans del independentismo en el Parlament, carentes de eficacia jurídica alguna. Sin embargo, y para que el constitucionalismo perviva, ya era hora de que Sánchez tuviera un gesto público así, en defensa de nuestra Constitución y también de la inmensa mayoría de españoles, que percibe en Felipe VI un ejemplo para garantizar la convivencia de nuestra nación en democracia.

Pero lamentablemente no va a ser el primer paso de una rectificación en la estrategia de Sánchez sobre Cataluña. Ojalá lo fuese. Esta semana, el PSOE apoyó en el Congreso una iniciativa para la despenalización de las injurias al Rey de la mano de Podemos. El PSOE ofrece una de cal y otra de arena, sin renunciar a una política de «gestos» hacia el separatismo, que incluye una burda presión al Supremo para que no se juzgue a los golpistas por rebelión. La queja de la Sala Segunda contra esas presiones revela el hartazgo de nuestra Justicia frente a los intentos del Ejecutivo de perturbar su independencia. Tener gestos a favor de la Corona, garante de la unidad de España, para después combinarlos con otros contra el Rey, y todo ello sin ser capaz de renunciar a tener como socios de referencia a ERC o el PDECat, resulta muy contradictorio. Sánchez genera confusión porque vive en una sistemática incoherencia política. De cualquier modo, un pronunciamiento del TC en defensa de la institución monárquica frente a quienes quieren dinamitarla demostraría que, aun sin aplicarse el 155, el Estado de Derecho está en guardia y planta cara a ese discurso sectario. Eso sí, Sánchez sería más creíble si no estuviera firmando acuerdos bajo cuerda con los separatistas, si dejara de coaccionar indecentemente al Supremo, o si culpara de la crispación y la fractura social en Cataluña a sus amigos de moción de censura, y no al PP y a Ciudadanos.